Algo indiscutible el día de hoy, es que las elecciones judiciales serán una realidad y que muchas de las personas que aspiran al cargo, son actualmente juzgadores, pero poco se ha indagado respecto de sus sentencias, cuestión que es de llamar la atención en virtud de que precisamente ese es la finalidad de las elecciones: hacer más participativa la justicia en nuestro país.
Lo anterior sin dejar de mencionar que el resto de las personas aspirantes, no han sido juzgadores por lo que no se puede establecer una comparativa en tal sentido.
Sin embargo, la primera pregunta que nos debemos hacer, es qué esperar de las campañas. Siendo honestos, los órganos juzgadores poco pueden proponer y menos pueden prometer.
En primer término, su labor no es una cuestión ejecutiva, que permita libertad de acción ni mucho menos legislativa, que les permita tener una agenda presupuestaria incluso, por lo que aquello que les compete, implica la aplicación de la norma y la interpretación de la norma en cuanto a las reglas establecidas por el derecho.
Siendo que toda actuación contraria a ello, no es a diferencia de cualquier otro poder, una cuestión de visión de gobierno sino de ilicitud establecida de manera normativa.
En tal sentido, la pregunta no es qué acciones harán, puesto que ello se encuentra determinado por la norma, sino la confianza en que las personas que lo harán, serán las más confiables para ello.
Es triste el extremo de desconfianza a la que hemos llegado, para realizar estas acciones cuando le aplicación de la norma, debe ser no solo una cuestión ética sino obligatoria.
En consecuencia, sin importar los resultados que existan en las elecciones, la tarea de las personas que sean escogidas, va a ser sin lugar a dudas, recuperar la confianza en la justicia y en el sistema de nuestro país.
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