Lo que ocurrió en la Ciudad de México con el homicidio de los funcionarios de la capital, no implica que tenga mayor o menor relevancia que cualquier otro ilícito, sino que aquello que las circunstancias implican: un enfrentamiento contra el gobierno de manera premeditada.
Lo anterior no es una cuestión menor, cuando el Estado debe ser el único ente capaz de tener el uso de la fuerza en el país, a través de la aplicación de la norma y debe de ser el único legitimado para ello.
Cada delito perpetrado es un menoscabo al poder del Estado, que conlleva a un ataque a la seguridad del mismo y como consecuencia, de todos los habitantes.
En el caso en específico, es mucho más grave puesto que parece no solo una demostración de la existencia de delitos en el Estado, sino una provocación al mismo.
Las circunstancias, tanto de lugar como de tiempo, en especial durante la conferencia matutina de la presidenta de la República y un acto en contra de servidores públicos cercanos a la jefa de Gobierno de la CDMX, permite especular que el ataque no es un simple delito sino una provocación hacia el Estado.
Parece que el gobierno en todas sus esferas, debe redoblar la lucha contra los grupos criminales, las investigaciones deben de ser tan certeras que no nos lleven a los números sino a la justicia.
Es necesario replantear la estrategia de seguridad y aceptar que es primordial tener una política criminal transparente y con ello, una estructura integrada que permita a nuestra sociedad superar los problemas actuales de seguridad.
No obstante, durante años hemos visto la criminalidad como números a disminuir y no como causas a disminuir y solo cuando las investigaciones sean eficientes y eficaces, se logrará imponer la justicia y con ello la paz.
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