Todos sabemos que el crimen organizado no solo amenaza la seguridad pública; también pone en riesgo la democracia, la cohesión social y el desarrollo económico del país.
Su impacto en el desarrollo económico es particularmente profundo, debido al grado de penetración y normalización que ha alcanzado en la vida cotidiana de los mexicanos. El crimen organizado, se ha convertido en un impuesto informal y regresivo sobre la actividad económica: encarece la producción, la distribución y la venta; ahuyenta inversiones y alimenta expectativas negativas derivadas de la incertidumbre y el miedo, reduciendo así la competitividad.
El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es un suceso que permite dimensionar el daño económico que el crimen organizado provoca en la sociedad.
Pero, en términos concretos, ¿cómo golpea el crimen organizado a la economía?
Primero: la producción.
A través de la extorsión y el llamado “derecho de piso”. En México existen 5.4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 99% de los negocios del país, lo que amplía el margen de acción para estas prácticas ilícitas. Tan solo en 2025 se estima que alrededor de 21 mil millones de pesos se destinan al pago de extorsiones. Los sectores más afectados son el agrícola y el transporte, donde los grupos criminales controlan la comercialización de productos como el limón o el aguacate en estados como Michoacán.
Segundo: la distribución.
Aquí entran delitos como el robo de mercancías y el robo de combustible, que incrementan los costos logísticos. Transportar bienes se vuelve más riesgoso y costoso, lo que inevitablemente se traslada al precio final de los productos.
Tercero: la inversión y las expectativas económicas.
En 2025, solo el 39.5% de las empresas en México consideró que existían condiciones adecuadas para invertir, principalmente debido a la inseguridad. Estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas, enfrentan presión directa del crimen organizado sobre sectores clave de su PIB, lo que frena la inversión, el desarrollo y la competitividad regional.
Pero el impacto no termina ahí. El crimen organizado también fomenta el lavado de dinero, generando distorsiones en el mercado y competencia desleal. La inyección de recursos ilícitos en negocios fachada permite ofrecer precios artificialmente bajos, desplazando a empresas formales que sí cumplen con obligaciones fiscales y laborales.
Finalmente, está el impacto en el capital humano y social. La violencia y el miedo provocan migración forzada, abandono escolar y el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales. Se pierde talento que podría fortalecer la economía formal.
No nos quedemos en el morbo que genera la caída de un líder criminal. Tampoco ignoremos el saldo económico del caos que suele acompañar estos eventos.
Cada tienda cerrada, cada empleo suspendido, cada automóvil o negocio incendiado y cada carretera bloqueada, generan un efecto multiplicador negativo. Los hechos recientes estiman pérdidas en Jalisco cercanas a los 2 mil millones de pesos.
Este episodio es un recordatorio de que la violencia no solo se mide en cifras de seguridad; también se mide en oportunidades perdidas. Su impacto económico es estructural y de largo alcance.
La acción del Estado contra las estructuras criminales es necesaria y urgente, porque detrás de cada enfrentamiento hay miles de familias que contabilizan pérdidas inmediatas
