Una de las instituciones jurídicas más importantes de nuestro país, considerado incluso una creación propia de México, hoy fue reformado a través de sus leyes. Parece oportuno previo a escribir sobre la reforma, hacer pequeñas reflexiones sobre el juicio de amparo en sí mismo.
Se cuenta que incluso en la época revolucionaria, cuando un preso por parte de las tropas Villistas iba a ser fusilado en Ciudad Juárez, al ver al juez de Distrito Manuel Samperio, le grito pidiéndole amparo. Y en ese momento, el juez ordenó la suspensión del acto, para poder estudiarlo y determinar la constitucionalidad o no del mismo.
Cuando los soldados se negaron, el propio juez fue quien se interpuso entre los soldados y el detenido, teniendo estos que acudir ante el propio general para solicitar autorización, siendo suspendido el proceso y con ello evitado un fusilamiento.
La idea del juicio de amparo es defender a las personas, contra cualquier acto de autoridad que pudiera afectar sus derechos en nuestro país.
En tal sentido, los órganos jurisdiccionales federales se convierten en entes imparciales, para juzgar y proteger a cualquier persona de considerarse que el acto impugnado, es ilícito o inconstitucional y con ello evitar que se afecta a la misma.
Se pone en tela de juicio, la actividad de las autoridades y con ello se obliga a que las mismas demuestren que sus acciones, son licitas y constitucionales que los actos que emiten se encuentran apegados a la ley, a la constitución y a los derechos humanos.
Un estudio que implica destruir la impunidad de actos ilícitos y arbitrarios, estableciendo como base de nuestro sistema jurídico los derechos humanos y la constitución.
Lo anterior en virtud de que aquello que nos rige, no son personas sino funcionarios públicos obligados a hacer aquello que la ley les mandata y el juicio de amparo es el control, para que se eviten violaciones a derechos humanos en cada acto de autoridad.
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