En la columna anterior hablamos sobre la importancia del juicio de amparo en el sistema de justicia mexicana, cuyo objetivo es proteger a las personas de cualquier acto de autoridad, que pudiera ser arbitrario.
Por tanto, la eficacia del juicio es fundamental para los derechos de todas las personas puesto que, la esencia del mismo, implica evitar la existencia de actos contrarios a la Constitución o a las normas.
En consecuencia, es fundamental que sea eficaz en la protección de los estudiantes, siendo que ello ha sido una falacia en nuestro país desde hace muchos años.
Previo a cualquier reforma, el juicio de amparo tenía y hasta el momento tiene grandes deficiencias que no se han eliminado con ninguna reforma. En primer punto, la falta de estudio con los denominados sobreseimientos y desechamientos de los propios juicios.
Lo anterior en virtud de que cada asunto que no es estudiado, es un acto que resulta arbitrario y no se acredita su licitud. Maxime que la norma solamente impide el estudio de los juicios, bajo un estándar alto, que sin lugar a dudas establezca una causal de sobreseimiento mismo, que bajo diversas interpretaciones se ha ido relajando a lo largo de los años.
En segundo punto, la dificultad y los tecnicismos del amparo han hecho de un juicio que debe de ser para proteger los intereses de la población, sea uno de los más complejos que se han establecido.
En tal sentido, el juicio si debe de ser tan sencillo que cualquier persona pueda demandar la protección de sus intereses, sin necesidad incluso de saber de derecho y la protección del Estado tan exhaustiva que se deba de privilegiar y garantizar, por sobre todos los actos los derechos humanos.
No obstante, día a día la justicia federal parece que optó por un camino de tecnicismos y caminos sinuosos que poco se acercaron a la justicia y ello es el gran reto que enfrentamos hoy.
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