Disparos y detenciones deja orden de restitución de la planta Cruz Azul en Tula

Detenciones, personas heridas y la vandalización de cuatro unidades, se registraron en medio de un enfrentamiento con disparos y gas lacrimógeno, durante la ejecución de una orden de restitución de la planta Cruz Azul, en Hidalgo, autorizada por un juez del Estado de México.
Durante la madrugada de ayer, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acompañados por corporaciones de seguridad de Hidalgo, entre ellas policías estatales y municipales de Tula, Tepeji y Atotonilco de Tula, cerraron los accesos carreteros a Ciudad Cruz Azul, donde se ubica la planta cementera con la finalidad de que se ingresara a la empresa e impedir el apoyo de la población a los cooperativistas que mantienen en resguardo esta empresa.
Cerca de las cuatro de la mañana, se alertó a los habitantes del lugar sobre el ingreso policial y el intento de toma de las instalaciones. Posteriormente, el gobierno del Estado dio a conocer que la movilización obedecía a una diligencia ejecutada por la fiscalía mexiquense.
Conforme transcurrió el día, arribó un mayor número de elementos de seguridad lo que derivó en un enfrentamiento con pobladores que intentaban ingresar a la planta.
Desde el interior, agentes repelieron con detonaciones y gas lacrimógeno, lo que provocó momentos de tensión.
Palos, piedras y gritos marcaron el zafarrancho. Cooperativistas que permanecen en posesión de la planta, acusaron uso excesivo de la fuerza y reportaron la detención preliminar de al menos 30 personas, cuyos nombres comenzaron a difundirse en redes sociales. Entre ellos mencionaron a Irving Josué Ayala, a quien califican como detenido injustamente, Cruz Martínez Reséndiz, Héctor Hernández Zúñiga y Juan José Godoy Lugo, entre otros.
Familiares de los detenidos denunciaron que fueron aprehendidos de manera ilegal y señalaron que no se les informó su situación jurídica, ubicación ni estado de salud. También exigieron su liberación.
Pobladores de la región, varios de ellos trabajadores de la planta, indicaron que intentaron acercarse para apoyar a los cooperativistas; sin embargo, fueron disuadidos con disparos al aire y el cierre de los accesos carreteros.
El asesor jurídico Magdiel Carreño Cortés sostuvo que la diligencia careció de fundamento legal y afirmó que cuentan con un amparo identificado con el número 37 que, según dijo, les otorgaría la posesión de la planta derivada del consejo de administración del 26 de agosto de 2020.
Desde 2018, la planta Cruz Azul permanece en disputa entre dos grupos internos: uno afín a Guillermo Álvarez Cuevas y otro encabezado por Víctor Velázquez, quien ha intentado recuperar el control de las instalaciones en diversas ocasiones, a través del grupos de choque que ha derivado en heridos y muertos.
Esta confrontación ha generado pérdidas estimadas en más de 25 mil millones de pesos y mantiene a la planta sin operación debido al corte de energía eléctrica, lo que ha impedido la producción anual aproximada de 3.5 millones de toneladas de cemento.
Tras la ejecución de la orden judicial, Víctor Velázquez dio a conocer su posicionamiento, en el que aseguró que buscará refundar la cooperativa y afirmó que habrá espacio para todos.