Ante la controversia suscitada por los más de 600 docentes que ocupan de forma simultánea cargos en ayuntamientos, de los cuales, 130 son regidoras, regidores, síndicas y síndicos, diputadas de Morena y Nueva Alianza se suben al ring legislativo para defender cada una de ellas su postura.

Si bien, Cynthia Delgado Mendoza propuso reformar el segundo párrafo del artículo 100, la fracción y del artículo 128, además del párrafo segundo del Artículo 156 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de compatibilidad del servicio docente con cargos de elección popular y de la función pública, su compañera de curul Mónica Reyes decidió responder de una forma contundente en la que pidió, mantenerse al margen de este tipo de temas.

“A la diputada se le olvidó que nuestra función es cuidar que los derechos sean progresivos y no retroactivo. Diputada, ¿por qué limitar los derechos de los trabajadores de la educación?, un maestro y una maestra son las personas más sensibles, más cercanas, además drl contacto con las comunidades que no afectan, por el contrario, fortalecen su participación activa a la democracia.

“Lejos de representar un conflicto de interés, aportan experiencia y vocación de servicio, desde que hacen la gestión pública. Esto no solo va en contra de las y los trabajadores de la educación, sino contra la sociedad en general”, aseveró.

La legisladora morenista quien abandonó momentáneamente el pleno, había señalado durante su exposición, que la reforma persigue un equilibrio justo que significaría el permitir que la participación de las y los docentes debe garantizar que, el servicio público se ejerza con la máxima transparencia y eficiencia.

Dijo que la exigencia

debe centrarse en la dedicación exclusiva a quienes ostentan un cargo de elección popular.

“Se promueva una administración más responsable y se optimicen los recursos del Estado. De esta forma, se responde a la demanda de la ciudadanía, de tener representantes comprometidos y se fortalece la ética en el servicio público restaurando así, la confianza en las instituciones gubernamentales.

Delgado Mendoza comentó que la iniciativa con proyecto de decreto no tiene como objetivo el excluir a los docentes de la vida política, por el contrario, se les reconoce plenamente su derecho a participar en el proceso democrático, con ello, postularse a cargos públicos, sin embargo, para garantizar una gestión transparente y eficiente, dijo, es necesario que se establezcan las reglas claras y protejan el interés público.

“La reforma propone que si una o un docente decide ocupar un cargo en el Ayuntamiento debe solicitar una licencia de su puesto educativo”. Esto, asegura que la dedicación a su nueva responsabilidad sea total.

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