Dictan prisión preventiva a Willy por abuso, contra sobrinas; pero cuenta aún con amparo

El juez de control Jesús Anim Ope Islas vinculó a proceso la noche del miércoles al empresario morenista Williams Arturo T. L. y a su esposa, Bertha Eva M. H., por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada y abuso sexual, contra dos de sus sobrinas, y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Sin embargo, no pueden ser detenidos.
Ello, debido a la suspensión definitiva que obtuvieron para no ser privados de la libertad en un amparo que promovieron en la Ciudad de México, por lo que su ingreso a la cárcel solo se podrá cumplir si no obtiene la protección de la justicia federal.
En una audiencia que duró alrededor de 15 horas, que comenzó después de las 9:00 y terminó a la 23:50 horas en la sala dos de los juzgados de Pachuca, a la diputada con licencia Ahely Medina Hernández, también vinculada a proceso, se le dictó la medida cautelar de firma periódica mensual y la prohibición para salir del país.
Los tres imputados comparecieron de forma remota, a través de la plataforma Zoom, ya que el juez local les permitió esa medida debido a que argumentaron que habían recibido amenazas y temían por su integridad.
El juez Ope Islas estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Según la imputación, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, indican que los hechos ocurrieron del 18 al 27 de abril del 2022, en momentos diversos, en el municipio de Zimapán, lapso en el que los presuntos responsables fueron señalados por haber agredido sexualmente a las víctimas, que son sus sobrinas.
Tras la audiencia, el abogado Juan Roberto Ramírez González, asesor jurídico de las víctimas, explicó que la diferencia de la medida cautelar para los imputados, se debe a que en el caso de Willy y su esposa no se tiene la certeza de que sigan viviendo en el domicilio que proporcionaron, en Zimapán, mientras que a la legisladora de Morena, solo se le ordenó firmar de forma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) y no salir del país, pues su riesgo de fuga “es más bajo”.