La diputada del Partido Verde Ecologista, Guadalupe Cruz Montaño, fue acusada de falsificación de documentos y robo de identidad, para presuntamente justificar el arrendamiento “fantasma” de sus oficinas de atención en el municipio de Huejutla.
La víctima, identificada como Antonio Monterrubio Rivera, se deslindó de cualquier vínculo de negocios realizados con el Congreso local, luego de que la legisladora presentara los días 12 y 31 de mayo de este año, facturas que avalaban el supuesto arrendamiento de un inmueble por la cantidad de 17 mil pesos mensuales, así como la compra de equipo fotográfico.
De acuerdo con la denuncia, para estas operaciones se utilizaron documentos personales de Monterrubio Rivera, entre ellos su credencial de elector y su firma electrónica, con los cuales se expidieron facturas a nombre del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
En dichos documentos, Monterrubio Rivera aparece con actividad empresarial y profesional. Sin embargo, aclaró que es empleado del ISSSTE y que, en su tiempo libre, se dedica únicamente a ser árbitro de voleibol, por lo que rechazó tener cualquier actividad empresarial.
Asimismo, negó haber arrendado algún inmueble, pues aseguró que solo cuenta con una casa heredada de sus abuelos, donde actualmente vive con su familia. También rechazó dedicarse a la venta de equipo fotográfico, como se indica en las facturas que la legisladora ingresó para justificar gastos ante el erario público.
Ante esta situación, exigió al Congreso del Estado que se aclare el caso, ya que, afirmó, desconoce cómo obtuvieron sus documentos personales, incluida su firma electrónica, lo que constituye un delito de robo de identidad.
Consideró que se trata de una difamación en su contra y de un fraude con recursos públicos, por lo que pidió que se realice una investigación a fondo y se esclarezca de manera inmediata quién utilizó indebidamente su información.
Trascendió que la legisladora pedirá licencia este martes. Llegaría la suplente Rosalba Martínez. Cruz Montaño tendrá que aclarar porque utilizó facturas y firma electrónica de un trabajador del ISSSTE, para justificar en el Congreso gastos destinados a Desarrollo Parlamentario y a renta de Casa de Gestión en la colonia La Lomita, en Huejutla.
