El gobierno municipal de Pachuca presentó una denuncia penal por la adquisición de un crematorio para el panteón municipal, que se quemó a los pocos meses de operación, por lo cual también inició procedimientos administrativos sancionadores contra exfuncionarios.
El secretario general del municipio, Eduardo Trejo Lino, dijo que el asunto penal se encuentra en etapa de integración en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
Indicó que en la Secretaría de la Contraloría municipal se encuentra abierto un procedimiento administrativo sancionador por la adquisición, contra los exservidores de la administración del expriista Sergio Baños Rubio “que resulten responsables”.
“Es contra quien o quienes resulten. Se hace una denuncia de hechos, o sea, se pone todo esto que encontró el secretario de Servicios Generales, en el cual se determinó que este horno crematorio, pues no cumplía con los requisitos para los cuales fue contratado, además del costo”, expuso.
Durante su informe, el pasado 10 de septiembre, el alcalde Jorge Reyes Hernández hizo referencia a la adquisición del crematorio en la pasada administración, por un millón 185 mil pesos, el cual “que parecía un horno de pan” y se quemó a los “dos, tres meses” de funcionamiento por no ser apto para la función, expuso.
Como resultó inservible, la administración morenista adquirió otro por un millón 400 mil pesos para sustituirlo, expuso el edil.
El secretario general añadió que el Órgano Interno de Control, ha llamado a todos los involucrados en el proceso de adquisición, entre ellos el expresidente municipal, con el fin de deslindar responsabilidades.
Agregó que en la etapa de investigación se realiza un Informe Previo de Responsabilidades Administrativas (IPRA). Si las irregularidades son consideradas faltas no graves, las resuelve la Contraloría municipal, aunque si es grave, se remite el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo (TJAH), para que substancie y emitan una resolución, dijo.
Agregó que el municipio ya determinó los funcionarios que tienen responsabilidad administrativa en la compra del crematorio, pero no reveló los nombres por el “debido proceso”, expuso.

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