Con posterioridad al desastre natural suscitado en nuestro Estado y diversas entidades aledaños, se ha criticado y debatido sobre la falta de seguros por parte de Entidades Federativas e incluso de los municipios.
Parece que pensar que las aseguradas puedan realizar una mayor labor, que aquella que realizan los gobiernos es difícil por varias razones.
El negocio de una aseguradora es obtener ganancia y disminuir costos y quien tiene que acreditar y posteriormente impulsar el cumplimiento del mismo, es el gobierno, que de no existir dichos seguros, debe hacer frente a la catástrofe en sí misma.
Ante la existencia de un seguro, existe la posibilidad que dicho ente, no se haga responsable o que su responsabilidad dependa del cumplimiento de una sentencia, donde el gobierno en esa relación comercial será un consumidor y no una autoridad y sus derechos no representarán los derechos de todos los afectos, sino de cualquier persona más.
En cambio, cuando el gobierno hace frente a las necesidades de la sociedad, su obligación no puede quedar ni subordinada ni supeditada a ningún tipo de cumplimiento y la falta del actuar de cualquier servidor, puede incurrir incluso en una responsabilidad que no se justifica bajo ninguna circunstancia.
Lo anterior sin dejar de mencionar que la obligación del Estado, no puede estar supeditada a la existencia de un seguro o cualquier otro tipo de contrato comercial, por lo que el gobierno será responsable y deberá responder.
Por tanto, no puede un gobierno supeditar su actuar a un contrato condicionado y azaroso, debiendo garantizar como lo han hecho bajo diversos esquemas, garantizar recursos de manera inmediata y segura para las personas afectadas.
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