El cambio en el CURP ha desatado un sin número de discusiones a nivel nacional, respecto de la privacidad de las personas, en virtud de compartir datos como las huellas dactilares y el iris de los ojos, lo cual sin duda es una intromisión a la privacidad de las personas.
No debemos olvidar que esa información fue solicitada para obtener la firma electrónica del Servicio de Administración Tributaria y que los datos biométricos también se encontraban bajo resguardo del Instituto Nacional Electoral, mismo Instituto que nunca permitió que se pudieran compartir ni que se transfieran, porque son propiedad de cada una de las personas.
En consecuencia, dicha información no la tiene bajo resguardo el poder ejecutivo federal, misma que mediante el cambio de CURP, pretende tenerla bajo su resguardo.
En estricto sentido, ello no implica que la información pueda ser filtrada sin justificación alguna, por el contrario, la información continúa siendo propiedad de cada una de las personas.
Por tanto, para poder compartir dicha información con cualquier persona física o moral, es necesaria autorización expresa o una orden judicial.
No obstante, si existe un riesgo latente dado que contra más información sea proporcionada por las personas, mayor riesgo de que sea filtre e incluso que sea incorrectamente ocupada. Por eso se debe generar mayor responsabilidad a las autoridades y servidores públicos, para que no solo garanticen la seguridad, sino que otorguen la debida confianza a las personas.
Si bien uno de los temas más importantes que se han señalado, son los datos protegidos y la seguridad que ello puede generar al existir un CURP certero y no solo una hoja que se imprima, lo cierto es que se ha destapado un mal mucho mayor, que es la desconfianza en el gobierno y en el sistema, sin la cual no existe un sistema jurídico ni político sostenible en ningún país.
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