Derivado de los excesivos cobros que realizan operadores del transporte público convencional en zonas de desastre, legisladores piden a las autoridades revisar las tarifas.
Tan solo en los municipios de Huejutla, Xochiatipan, Atlapexco y Yahualica, los cobros han alcanzado hasta los 1500 pesos por trayecto en determinados tramos, lo cual representa no solo un abuso, sino también un impacto desproporcionado en la economía de las familias trabajadoras y rurales.
Claudia Lilia Luna Islas, representante de la bancada del Partido Acción Nacional en la 66 Legislatura Local, comentó que debe existir una vigilancia exhaustiva en las cuotas tarifarias por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo.
De ser necesario, la dependencia tendría que solicitar a su personal una verificación permanente en los 28 municipios afectados por el huracán Priscilla.
Resaltó que los concesionarios no pueden abusar de las tarifas autorizadas, menos en momentos tan complicados para miles de familias hidalguenses, que en su mayoría, perdieron una gran parte de su patrimonio.
Por esta razón, la legisladora solicitó que las autoridades no solo vigilen, también sancionen a quienes no se ajusten a la base autorizada, lo cual garantizará el derecho a una movilidad accesible y equitativa.
La verificación constante de las tarifas no es un acto discrecional, dijo, sino una obligación legal y social que está sustentada en la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, misma que faculta a la Semoth a revisar y mantener ajustes en las tarifas, lo que significaría un equilibrio entre los costos de operación y la capacidad económica de los usuarios.
Luna Islas destacó que la medida protege a los derechos económicos y sociales de las comunidades más vulnerables, fortaleciendo así, la confianza ciudadana en las instituciones, además de asegurar que el transporte público cumpla con su función social.
Por esta razón, integrantes de las distintas bancadas se sumaron a dicha propuesta debido a que es urgente revisar que las bases tarifarias autorizadas en su momento, no sufran ajustes arbitrarios, unilaterales que contravienen a la normativa vigente.
