Hace unos días fue removido como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado Cuauhtémoc Ochoa, como consecuencia de haber convocado a discusión la reforma sobre el denominado cobro delegado.
En primer punto, parece que la reforma propuesta violenta una diversidad de derechos y es no solo discriminatoria, sino arbitraria, usurera y deja en estado de indefensión a las y los trabajadores.
Lo anterior en virtud de que proponía embargar de manera automática, los salarios de las y los trabajadores para el pago de deudas con entidades financieras privadas, lo que implicaría que se les descontarían directamente de la nómina, los pagos de créditos supuestamente adquiridos.
El poder que se le pretendía dar tanto a las instituciones de crédito como a los empleadores, era exorbitante casi como en las tiendas de raya. Imaginar ello es verdaderamente alarmante, pensar que una institución de crédito ni siquiera tuviera que accionar un proceso para el cobro de alguna deuda, no solo genera una desigualdad con cualquier otra persona, sino que parecería que les otorgaríamos una patente de corso, para cobrar sin juicio previo cual si su palabra fuese ley.
No obstante, iniciar un procedimiento de cobro a un asalariado bajo el embargo de parte de su propio sueldo, implica no solamente dejarlo en estado de desventaja sino obligarlo a negociar a cualquier costo, el sustento de su propio patrimonio cuando ni siquiera exista una condena de cobro.
El tiempo de pensar que las y los trabajadores tenemos menos derechos que las instituciones privadas, debe terminar y por supuesto, que esta ley era un retroceso a los derechos de las y los trabajadores y a la igualdad de los mismos frente a la ley, porque no pueden existir privilegios sin justificación, respecto de ningún tipo de persona, ni siquiera si es una persona moral, por lo que se aplaude que dicha iniciativa haya sido desechada.
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