Cercar con vallas Palacio de Gobierno, deslegitima marcha del 25N: Castelán

Rafael Castelán activista de la organización Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), advirtió que la colocación de vallas metálicas alrededor de Palacio de Gobierno, en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, podría interpretarse como una estrategia para deslegitimar las manifestaciones sociales.
Precisó que si bien los hechos del 15 de noviembre, así como la atención generada por el asesinato del presidente municipal de Uruapan y el intento de grupos antagónicos a Morena, por sumarse a cualquier marcha visible, como ocurrió en la Ciudad de México, justifican cierto nivel de resguardo, pero blindar la sede del Ejecutivo envía un mensaje equivocado y puede fortalecer la narrativa de que las protestas, representan una amenaza.
El activista recordó que históricamente, el 25N convoca a colectivas feministas, organizaciones sociales y grupos ciudadanos, que marchan contra la violencia de género y en defensa de los derechos de las mujeres. Por ello, cercar los edificios públicos, estigmatiza a las mujeres que ejercen su derecho a manifestarse y alzar la voz.
Señaló que al igual que en el resto del país, en Hidalgo existen grupos que buscan articularse a las movilizaciones a raíz de los hechos recientes. En muchos casos, la presencia de personas infiltradas, ha derivado en que los espacios públicos sean restringidos.
No obstante, destacó que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta, y no enviar señales que provoquen confrontación o que sugieran un intento de limitar la libertad de expresión.
Agregó que la colocación de vallas, puede interpretarse como una medida para evitar daños o conflictos; sin embargo, también podría entenderse como un intento de inhibir la participación ciudadana. Recordó que las marchas no deben tratarse como un riesgo, y que blindar edificios antes de que inicien las manifestaciones genera una lectura equivocada.
Ante ello, la organización hizo un llamado a privilegiar el diálogo y a garantizar la protección de las personas que ejercen su derecho a protestar en el espacio público.