La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó que tras haber publicado el año pasado su informe especial relacionado con los hechos ocurridos en Tlahuelilpan, el 18 de enero de 2019, donde la explosión de una toma clandestina de combustible dejó más de 130 fallecidos, “algunos pretenden obtener beneficios de una investigación que no tiene otros fines que exponer la verdad de los hechos y garantizar la no repetición de estos”.
El ente público que preside Rosario Piedra Ibarra dijo en un documento fechado el pasado 6 de febrero, que luego de los hechos ocurridos hace siete años, ninguna persona -víctimas ni representantes reconocidos- inició quejas antes el organismo.
Por ello, consideró “evidente” que una vez publicado el informe el 21 de junio de 2025, algunas personas pretenden sacar beneficios.
La CNDH señaló que el Informe Especial sobre Tlahuelilpan no reconoce víctimas ni representantes, por lo que llamó a evitar la simulación bajo pretextos de derechos humanos.
Además, sostuvo que no prejuzgó sobre la existencia de violaciones a derechos humanos ni la responsabilidad concreta de autoridades.
La finalidad del mismo, dice, fue garantizar “que la sociedad mexicana conociera la verdad de los hechos”.
Afirmó que las acciones emprendidas por autoridades para la atención de la emergencia, mitigación del daño y el auxilio a la población sumó más de 85.57 millones de pesos.
“(Fueron) 11.7 para la atención de la emergencia; 48.7 en atención médica; 2.9 en acompañamiento gubernamental, así como 22.34 para la contención del derrame de combustible y la reparación del ducto, sin contar con los subsidios proporcionados posteriormente a las familias y precisó que, de un análisis especializado, se acreditó que los protocolos fueron adoptados de manera adecuada y oportuna en la atención de la emergencia”, añade el escrito.
Afirmó que no hubo omisión alguna de la Secretaría de la Defensa, pues los elementos castrenses detectaron una toma clandestina en el poliducto de Pemex ubicado en el poblado de San Primitivo, Tlahuelilpan, “donde se encontraban inicialmente entre ocho y 10 civiles, número que se incrementó rápida y súbitamente a 800 y, debido a que las personas en la toma estaban en un estado de confusión y alteración por la inhalación de los vapores químicos del combustible, resultó materialmente imposible su control y retiro”.
