En medio de la incertidumbre sobre la construcción de un Centro de Reinserción Social (Cereso) regional en Tasquillo y las protestas en contra del proyecto, el Poder Judicial de la Federación (PJF) admitió a trámite un juicio de amparo, promovido por el denominado Comité de Lucha.
Aunque no está definido que el municipio albergue el penal, de acuerdo con lo dicho por las autoridades estatales, los promoventes acusan la falta de realización de una consulta “previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe” para la edificación.
El fin de semana se llevó a cabo la tercera manifestación de pobladores contra el plan de edificación de un Cereso en Tasquillo.
Con pancartas, los quejosos exigieron que el gobernador Julio Menchaca Salazar firme en un documento, en el que se establezca que en esa demarcación no se llevará a cabo la construcción del centro penitenciario.
La protesta, efectuada el sábado, se realizó bajo la consigna “Las palabras se las lleva el viento”.
Anteriormente, los pobladores se manifestaron el 9 y 12 de enero pasado, pues afirman que el gobierno pretende construir el penal regional en terrenos de un vivero, lo cual rechazan.
Para el proyecto, el gobierno prevé destinar un monto de 90 millones de pesos, considerados en el Presupuesto de Egresos 2026.
Previo a la última manifestación, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, sostuvo que aún no existe ninguna determinación sobre el proyecto, por lo hasta este momento “todo es especulación”.
“Quizá quienes están exhortando, invitando a manifestarse, no saben que hay una etapa donde no hay ninguna definición. Es lo que estamos viendo en estos momentos”, dijo.
El funcionario indicó que “varios municipios” han solicitado que su demarcación sea la sede de las nuevas instalaciones penales de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
