Los representantes populares han sufrido una diversidad de ataques que ha dado como consecuencia, desenlaces catastróficos.
En tal sentido, parece que como cualquier atentado es repudiado, debe ser investigado y esclarecido como un hecho atroz, siendo obligación del estado garantizar la seguridad de toda la población.
No obstante, el ataque a los servidores públicos tiene una connotación diversa, puesto que implica un ataque a las instituciones, puesto que quienes las representan. deben de tomar decisiones libres de toda coacción.
Por tanto, cada ataque a las y los servidores públicos, implica una debilidad incluso en nuestra propia democracia, puesto que la representación de la población se encuentra en ellos y sus decisiones, solo se pueden basar en el bien social.
En consecuencia, la protección a las instituciones y al Estado Constitucional de Derecho, también es a la protección de quienes lo representan.
De tal suerte, que su seguridad es primordial para que tengan la entereza de realizar las acciones necesarias, de forma imparcial y sin temor a ningún tipo de represalia.
Hemos visto de manera triste como diversos policías han renunciado por temor a las consecuencias de enfrentarse a los delincuentes, como presidentes municipales y representantes populares, han sido calladas en esta lucha por la seguridad nacional.
Por tanto, la seguridad de las y los servidores públicos, debe de ser primordial para que sean ellos quienes garanticen en lo subsecuente la seguridad de sus representados.
Como Estado y sociedad no solo es lamentable y reprochable, cada acto en contra de un servidor público, sino que la reflexión debe de impulsarnos a asegurar nuestras instituciones, puesto que ellas son las únicas que nos llevarán a la paz.
Parece que contrario a un pensamiento protagonista, la paz en un país no se construye con una persona sino con instituciones sólidas que garantizan la seguridad en una sociedad.
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