Diversas organizaciones ambientalistas se manifestaron en contra del Parque de Economía Circular y, especialmente, de la llamada consulta que se realizará el próximo día 14, al asegurar que carece de los principios mínimos de una consulta libre, informada y culturalmente adecuada.
De acuerdo con René Romero, representante de la iniciativa Río Tula: restauración y justicia socioecohidrológica, se han realizado distintas reuniones con colectivos y autoridades federales sobre el proyecto de economía circular que se pretende instalar en los terrenos de la fallida refinería Bicentenario.
Indicó que pese a estos encuentros, las autoridades federales no han presentado información técnica clave sobre los procesos que se realizarían en el parque de economía circular, por lo que no existe claridad ni transparencia sobre su operación.
Añadió que también están en contra de la “mal llamada consulta”, debido a que afirmó, no cumple con los principios mínimos establecidos, además de que el gobierno se ha involucrado en su promoción para impulsar el voto a favor, lo que viola la neutralidad del ejercicio.
Señaló además que solo se convocó a los municipios de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan, a pesar de que al menos 14 municipios de la región, llevarían sus desechos a este parque.
Romero consideró contradictorio que un proyecto de este tipo se presente como una solución para sanear la contaminación de la región, cuando su operación podría implicar nuevos riesgos ambientales.
Destacó además que el parque se instalaría en terrenos pertenecientes en su mayoría a Tlaxcoapan y una parte a Atitalaquia, aunque se ha involucrado especialmente al municipio de Tula, lo que dijo hace suponer que se pretende utilizar el voto duro del partido en el gobierno y su estructura, para favorecer el “sí” en la consulta.
Advirtió que, en caso de que el resultado sea positivo, la población no está dispuesta a aceptar más contaminación, por lo que se contemplan acciones legales y sociales para impedirlo.
Entre las inconsistencias que señalan las organizaciones, está la capacidad mínima de operación de la planta, la cual sería de 1,000 toneladas diarias, mientras que en la zona solo se generan alrededor de 500. Esto implicaría atraer residuos de otras regiones, a un área ya considerada ambientalmente saturada.
Aunque las autoridades han asegurado que no se recibirán desechos de otros municipios o estados, las organizaciones advierten que en la práctica, esto podría modificarse. Además, alertaron que el parque estaría ubicado junto al Hospital del IMSS, lo que representaría un riesgo sanitario por la cercanía.
Romero informó que el próximo sábado se realizará una manifestación en la zona para exigir transparencia en los estudios técnicos y respeto a los derechos ambientales.
Entre las organizaciones opositoras al proyecto se encuentran: Queremos Vivir, Parque Ricardo Flores Magón, Fundación Aplaztle, Unión Ecologista San Lorenzo, En Defensa de Doxey, Movimiento “No al Basurero Atitalaquia”, Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región de Tula, entre otras.

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