Pachuca.- Activistas acusaron a diversas autoridades de violentar los derechos humanos de una madre y su hija, luego de una serie de irregularidades en un proceso de guardia y custodia, realizado por Nazaret del Carmen en contra de Gabriele N.
De acuerdo con organizaciones como Yo te Creo y Colectiva de Mujeres Contra la Violencia, las titulares del Consejo de la Familia coordinado por Lizet Adalid Maldonado y presidido por Alejandro Onésimo Piña, así como la psicólogas María Guadalupe Vite, Erika Zamora, Violeta Quesada y CeliK González, además de la trabajadora social Rosa María Acosta, quien acusa, violentaron de los derechos de la niña al no respetar el deseo de esta de no querer quedarse a las visitas sin atender estrés, llanto y gritos.
Explicaron que este caso se deriva de enero del 2021, en que Gabriele N., fue condenado por el delito de violencia familiar en agravio de Nazaret del Carmen de la Llata y de su hija de iniciales ElMP de LL, caso que quedó asentado en la causa penal 28/2021 y el juicio oral 149/2021 efectuadas en Hidalgo.
Sin embargo, el juez no tomó en consideración tal situación y acordó convivencia supervisada tres días a la semana, en el centro de convivencia de los juzgados familiares.
Tampoco se atendió que madre e hija viven en Quintana Roo y las alejaron de su Red de apoyo.
Además, las víctimas acusaron que el padre de la niña, las encerró en una camioneta el 31 de diciembre de 2020 y las retuvo en Pachuca.
Acusaron que tampoco se consideró que Gabriele N., ya tenía una carpeta de investigación por violencia familiar en Quintana Roo. Todo ello sin importar, se obligó a la infante, a convivir con su padre y el 20 de abril de este año, fue entregada a Nazaret del Carmen, con moretones en el brazo a consecuencia de los jaloneos que dio su padre durante las visitas.
Ante estos hechos, ya se interpuso una queja en el Consejo de la judicatura del Estado de Hidalgo, en contra de la jueza del juzgado cuarto familiar y la secretaria de acuerdos, Marta Ivonne Hernández Ortiz, debido a que sus actuaciones han carecido de objetividad, congruencia y respeto a los derechos humanos.
Además denunciaron que el hijo de la secretaria de acuerdos, Marta Ivonne Hernández, ahora es abogado defensor de Gabriele. Otro hecho irregular es que se le aceptaron pruebas toxicológicas que retardaron ocho meses y fueron de un laboratorio particular presentada por el imputado.
También acusaron que Marta Ivonne Hernández, intenta obligar a Nazaret a llegar a un acuerdo, pese a que ésta ha señalado que lo hará mediante la ley para la protección de ella y de su hija.
Ante ello hicieron un llamado al Tribunal Superior de Justicia, para que vele por los derechos de la niña, ya que son de ella la convivencia y si no está de acuerdo, no tiene obligación de hacerlo por un mandato judicial