Vinculan a proceso a exfuncionarios de la CEAA y a exedil de Tlaxcoapan

Dos exfuncionarios de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado de Hidalgo (CEAA), así como el expresidente municipal de Tlaxcoapan Jovani Miguel León Cruz, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción.
Leonardo Pérez Calva y Rogelio Plata Fernández, exdirector general y exsubdirector de Recursos Materiales de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado de Hidalgo (CEAAH), son imputados por hechos que la ley sanciona como peculado agravado y peculado.
Según la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), los hechos que son materia de investigación, ocurrieron cuando ambos se desempeñaban como funcionarios, pues el director de la CEAA solicitó a la entonces Secretaría Finanzas, recursos extraordinarios por más de 19 millones de pesos, para la compra de químicos necesarios para el tratamiento de agua potable para los 84 municipios de la entidad. No obstante, no hay evidencia de que el material se entregó.
En la continuación de la audiencia, ayer un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso a ambos. Además. les fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
En tanto, el exedil de Tlaxcoapan fue vinculado a procesos en dos causas penales en los que se le imputa uso ilícito de atribuciones y facultades.
Además, se concedió plazos de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias y como medida cautelar, se fijó la prisión preventiva justificada.
Al panista, que gobernó el municipio en el periodo 2016-2020, se le imputan hechos que ocurrieron en 2018, cuando realizó un pago ilegal al contratar a la empresa ARA Organización y Servicios de Producción SA de CV, pues no llevó a cabo el proceso de adjudicación conforme la ley.
Asimismo, es investigado por autorizar de manera ilegal el pago de la ampliación de la red eléctrica en la calle Gran Canal, en la localidad de Teltipán de Juárez, misma que debió iniciarse el 25 de junio del 2019 y concluir el 15 de agosto del mismo año, pero, no fue ejecutada.
Ambas conductas, en conjunto suman un detrimento patrimonial en por casi 2 millones de pesos.