Para fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y no sea una medida técnica o jurídica, los más de 500 síndicos y regidores en funciones estarían obligados a rendir cuentas ante la sociedad en espacios públicos como son las plazas cívicas, afirmó Claudia Lilia Luna Islas, representante de la bancada de Acción Nacional en la LXVI Legislatura Local.
Al presentar la iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, se busca transformar la relación entre autoridades municipales y ciudadanía bajo el uso de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Apuntó que la propuesta es establecer la obligatoriedad de síndicos y regidores que presenten informes anuales, no solo ante el Ayuntamiento, también en eventos públicos accesibles para toda la ciudadanía.
Con esta medida se respondería a una problemática real, como es la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental ENCIG del INEGI, más del 83.1 % de los mexicanos consideran que la corrupción es frecuente en el gobierno.
Tan solo en Hidalgo se habla que el 83.4 % de la población adulta, percibe los actos de corrupción como habituales. “Por ello, se exige un cambio de enfoque: abrir las puertas del gobierno, usar los medios ya disponibles y convocar a la ciudadanía ejercer su derecho a estar informada y participar”.
La legisladora enfatizó que la reforma modificará el calendario de presentación de informes, trasladándolos de agosto a septiembre, además de añadirse la obligación específica de realizar los eventos públicos convocados con antelación.
Otro aspecto fundamental de la iniciativa, es el énfasis de la participación ciudadana como pilar de la democracia local, ya que actualmente, el 27 % de la población declara haber participado en procesos de consulta, planeación o rendición de cuentas en un municipio o estado.
Luna Islas afirmó que se trata de revertir la tendencia, al crear espacios de encuentro directo entre autoridades municipales y ciudadanía, no solo se informe sobre las actividades realizadas, también se establezca un diálogo que permite evaluar y dar seguimiento al trabajo de los representantes populares. “Es fortalecer la cultura de la rendición de cuentas; no es solo una medida técnica jurídica, también es un acto de voluntad política y de compromiso ético con la ciudadanía. Hacer público los informes no debe verse como una carga, sino, una oportunidad de conectar con la gente y recuperar la legitimidad y demostrar con hechos que el servicio público puede y debe ejercerse con integridad”.
