El pasado fin de semana temas relacionados con el transporte público llamaron poderosamente la atención. El primer evento lamentablemente, cobró la vida de una persona quien después de una discusión vial, fue atacado por un operador que utilizó un objeto punzocortante.
En el segundo evento, un particular agredió a un operador del transporte público masivo de pasajeros (Tuzobús), dejándole lesiones en la cabeza que ameritaron su traslado a un hospital. Cabe destacar, que el lesionado se reporta estable.
Estas agresiones encendieron las alarmas en el gremio. Porque más allá de analizar los eventos en aislado, vale la pena hacer un análisis sobre lo que han realizado los gobiernos en torno al asunto de la movilidad.
Cabe resaltar que, en este rubro y en particular en el estado de Hidalgo, el transporte público ha crecido lleno de vicios. Se sabe que muchos de los concesionarios, son personas que hace tiempo tuvieron algún cargo público. Esto es, los permisos de taxi se repartían como estímulos a los funcionarios que habían concluido su responsabilidad.
De esta manera, se fomentó la acumulación en personas que desconocían del tema del transporte. Acto seguido, los permisionarios rentaron las placas a otros, que si sabían del negocio. Y esto trajo como consecuencia que una docena de familias en Hidalgo, sea propietaria de grandes flotillas de taxis.
Ahí hay un factor a considerar; pero eso que ocurrió pudiera ser una anécdota con lo que vino después. Desde el inicio no se reguló con precisión cuantos permisos se requerían en una ciudad como Pachuca y de esta manera, tener un parámetro del crecimiento demográfico y su necesidad de contar con un servicio eficiente de movilidad.
Es decir, no hay un mecanismo técnico para determinar la cantidad de vehículos del transporte público que deben de circular, por las ciudades más pobladas del estado. No solo eso, tampoco hay claridad sobre la conveniencia de un sistema masivo o convencional, que permita una armonía entre el medio ambiente, la saturación de unidades y la posibilidad de traslado de los usuarios.
Dicho en otras palabras, no hay una planeación a largo plazo sobre los requerimientos de transporte de una ciudad (Pachuca), que crece a pasos agigantados y que carece de diseño urbano. Pero eso no es todo. El problema se replica en otros municipios, con sus propias dinámicas cada una, tan compleja como la anterior.
Al final del día, lo que tenemos es la saturación de espacios. Los conflictos que se citaron al principio, tienen su origen en esa cuestión. El vehículo particular no pudo pasar por donde estaba la unidad del transporte público o viceversa. Acto seguido, vino la violencia porque para estas personas uno tiene más derecho sobre la vía pública que el otro.
Hace mucha falta ampliar y respetar la regulación que existe en la materia, hay que realizar operativos constantes para vigilar que no se invadan espacios exclusivos para carga y descarga de pasajeros, hay que fomentar mayor cultura vial, hay que capacitar a los operadores de las unidades de transporte público, hay que encontrar un mecanismo técnico que nos permita conocer cuántas unidades podrían circular por las calles sin afectar a los particulares y a ellos mismos en un tema de competencia (entre más taxis más competencia y menos ganancia), hay que encontrar la fórmula para tener más transporte masivo y menos convencional, entre otros.
Estos pendientes no eximen a los particulares de mantener el respeto por las personas que se ganan la vida todos los días recorriendo las calles. Hay que bajarle los decibeles al estrés que todos tenemos y hacer votos para que podamos movilizarnos con rapidez y eficiencia en Pachuca y en otras ciudades del estado.