Armando Azpeitia Díaz, que gobernó el municipio de San Salvador en el periodo 2020-2024, ingresó una solicitud de amparo contra actos privativos de libertad: una orden de arresto, de detención, de aprehensión, de presentación o de arraigo.
Ello, luego de que el actual edil, el también morenista Norberto Martínez Cruz, señalara que interpuso denuncias en contra de su antecesor.
Según los estrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), la solicitud contra una orden de aprehensión y otros actos de autoridad fue presentado el pasado 27 de marzo.
Posteriormente, el 30 marzo se ingresó la petición de protección de la justicia federal y quedó radicada en el Juzgado Segundo de Distrito de Hidalgo.
De acuerdo con los autos del expediente 549/2026, el juzgador concedió al expresidente municipal una suspensión provisional.
“Según lo que manifiesta la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, probablemente exista una orden privativa de libertad en su contra, lo que desde luego implica una afectación directa a su derecho fundamental de libertad personal”, dice.
Con la medida cautelar otorgada a Azpeitia Díaz, el exedil no podrá ser detenido mientras no se resuelve el incidente de suspensión definitiva (cuya audiencia se realizará el 10 de abril), solo si el delito mencionado en la orden de aprehensión no amerita prisión preventiva oficiosa.
Además, la audiencia constitucional para determinar si se le otorga el amparo se llevará a cabo el próximo 12 de mayo.
La tramitación del juicio de amparo se efectuó después de que el alcalde de San Salvador acusó a Azpeitia Díaz de haberle heredado laudos millonarios, pasivos económicos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto a más 3 millones de pesos pendientes por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
