El medio estadounidense The Economist publicó recientemente un artículo titulado “Mexico’s Broken Economy”, en el que se argumenta que nuestro país enfrenta un estancamiento económico estructural, caracterizado por baja inversión privada, elevada informalidad y un crecimiento económico mínimo.
El análisis atribuye esta situación a problemas internos como la informalidad, la inseguridad y cambios institucionales que han debilitado la confianza y limitado el crecimiento.
El artículo señala un estancamiento de aproximadamente siete años, agravado por la alta dependencia de la economía estadounidense y los riesgos ante una posible recesión global. Además, destaca que factores como la inseguridad y la corrupción inciden de manera directa y negativa en el desempeño económico y el bienestar social.
Estas declaraciones sacudieron al gobierno federal, que reaccionó de inmediato. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó categóricamente este diagnóstico.
Desde su postura, el artículo presenta un análisis incompleto, al ignorar la resiliencia y las fortalezas de la economía mexicana. Argumenta que la desaceleración económica responde a factores cíclicos y externos —como el entorno global, los conflictos internacionales y las políticas arancelarias de Estados Unidos— más que a problemas estructurales internos.
Sin embargo, mientras el gobierno sostiene que no existe una “economía rota” y que hay condiciones para una recuperación, la realidad muestra que los problemas internos y la falta de certeza jurídica han frenado la inversión necesaria para impulsar el crecimiento.
Hoy enfrentamos tasas de crecimiento económico cercanas al 0.7%, precios de combustibles al alza e inflación por encima de lo estimado y de la meta del Banco de México, lo cual se refleja directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Basta preguntarnos: ¿no son hoy más caros los alimentos, el transporte y los servicios?
A esto se suma una tasa de informalidad laboral del 55% de la población ocupada, una deuda pública cercana al 52% del PIB y un entorno de inseguridad que mantiene una percepción de riesgo superior al 63% de la población.
Es importante aclarar que la deuda, por sí misma, no es negativa. El problema radica en su uso. Cuando no se destina a inversión productiva que impulse el crecimiento económico, sino a gastos que no generan retorno sostenible, se convierte en un factor que agrava la situación a largo plazo.
La inseguridad, por su parte, continúa siendo una preocupación central que afecta tanto la vida cotidiana como las decisiones económicas.
Entonces, más allá del debate entre posturas, la pregunta de fondo permanece:
¿Está realmente rota la economía mexicana?
Diversos expertos en el país ya lo habían advertido antes de que lo señalara un medio internacional. Y si la situación no es aún más grave, es porque la economía mexicana contaba con bases de estabilidad y resiliencia que le han permitido resistir choques externos.
Sin embargo, el debilitamiento institucional y la incertidumbre han erosionado parte de esa fortaleza.