En este mismo espacio de opinión, pero de fecha 21 de noviembre, ya anticipábamos un incremento al salario mínimo del 12%, y la posibilidad de realizar incrementos diferenciados por zonas; salarios de la zona fronteriza y salarios de la zona general, esto en línea con el objetivo del gobierno de alcanzar en el 2030, un salario mínimo de 500 pesos, el cual será capaz de comprar 2.5 canastas básicas.
Hoy, se confirma el incremento diferenciado por zonas y que no se quita el dedo del renglón, para alcanzar en el 2030 la meta planteada, puesto que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha hecho oficial que el salario mínimo de la zona general, aumenta 13% pasando de 278.8 pesos a 315.04 pesos y del 5% en la zona libre de la frontera norte, que se conforma por los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el cual pasa de 419.88 pesos a 440.87 pesos, a partir del 1 de enero del 2026.
Lo que mensualmente equivale a $9,582 pesos en la zona general y $13,409 pesos en la zona fronteriza.
Como recordatorio, en la frontera el salario es mayor para evitar que los trabajadores se vayan a territorio estadounidense a trabajar y dejen a esos estados sin mano de obra.
Ahora bien, analicemos si es un beneficio o si sitúa un escenario de complicaciones económicas. Con esto no quiero parecer antisistema o mencionar que todo lo que hace la 4T está mal, sino que la intención, es que se observe todo el panorama completo y el impacto que esta medida traerá en toda la economía.
Primero, lo positivo es para el trabajador, puesto que la intención es mejorar su calidad de vida y un salario cada vez más justo. Sin embargo, que va a pasar con las empresas que no podrán absorber esos costos. En nuestro país, el 95 % de los negocios son micro, pequeñas y medianas empresas, que además de las obligaciones fiscales, enfrentan las extorsiones de la delincuencia, posicionando a las Pymes en una situación, donde ya no tienen margen para absorber más aumentos en gastos y menos ganancias, lo cual va a derivar en despidos y más informalidad.
Y hablando de informalidad, está ya rebaso el 55.4%. Es decir, más de la mitad de los trabajadores en el país son de establecimientos que no pagan ningún tipo de impuesto ni prestación a sus empleados, 33 millones de personas sin prestaciones ni seguridad social.
Lo que a su vez desencadena mayor inflación, las empresas que contengan ese impacto en nómina mayor, para compensar tendrán que elevar el precio de sus productos y/o servicios. Estimaciones realizadas por instituciones bancarias, indican que la inflación podría estar por encima del 4.5%. Eso no es todo. Recordemos que nuestro flamante Congreso, aprobó un nuevo IEPS que ya traerá más inflación por sí solo en refrescos, tabaco y videojuegos.
Esto aunado a que si no se resuelven los temas con el campo, transportistas de mercancías y aranceles, el precio de los productos y servicios, se va a disparar de forma considerable el próximo año.
Pero eso no es todo. La economía está prácticamente estancada, las proyecciones indican que se crecerá 0.3%, es decir que va a pasar con más gastos y menos venta.
Subir el salario mínimo en un país que no crece no es progreso, es populismo.
