En días pasados, la presidenta de Singuilucan, Yazmín Dávila López, en un video en vivo informó sobre la situación crítica que enfrenta el municipio ante el conflicto que involucra a 30 extrabajadores del ayuntamiento, que demandaron al municipio desde 2016, lo cual derivó, tras una resolución por la autoridad competente, en el embargo de los bienes de la alcaldía, lo que paralizó en automatico las actividades en la presidencia bajo su administracion.
La paralisis operativa de acuerdo a lo informado por la propia presidenta el dia 22 de abril, consiste en el embargo de todas las cuentas del municipio, algunas escrituras, el terreno del nuevo panteón, terrenos destinados a áreas verdes, la plaza principal, el auditorio, la presidencia municipal, la capilla de San Joaquín, la casa de salud de El Susto y una fosa séptica.
Para entender este hecho es importante mencionar que la resolucion a favor de los ex trabajadores asciende a un monto de 21 millones 418 mil pesos, por concepto de sueldos caidos y otras prestciones.
Pero, ¿Porque se llegó al embargo? En resumen, porque la autoridad competente de resolucion no recibió por parte del municipio, ninguna propuesta de pago de estos 21 millones de pesos, lo cual sin duda revela desinterés, corrupción e incapacidad de resolución a temas de esta índole.
Los funcionarios encargados de este tema de manera directa son: síndico municipal, jurídico municipal y tesorero municipal. En ellos radica desde la busqueda de un buen acuerdo de terminacion laboral, que evite las demandas que pongan en riesgo las finazas municipales hasta la propuesta de pago a resoluciones como esta.
Por lo tanto, para llegar hasta el momento del embargo, significa que estas tres figuras dejaron de hacer lo competente. Debemos recordar que vienen de un proceso de entrrega recepcion, donde uno de los temas principales a recepcionar, precisamente es el tema de laudos pendientes. Por tal motivo el desconocimiento de la situación, no tiene cabida en este escenario.
Ante este panorama, el gobernador Julio Menchaca Salazar, aclaró que el gobierno estatal difícilmente podría respaldar esta dificultad financiera, porque no hay presupuesto específico para el pago de estos conceptos, proponiendo como solucion adelantar partidas o participaciones en las ministraciones de recursos, que se realizan de manera mensual al municipio, la solicitud de créditos a instituciones bancarias, así como negociaciones con las personas que ganaron los juicios laborales.
¿Cómo hacerlo? De acuerdo con el portal de transparencia del municipio, para 2025 proyectaron un presupuesto de egresos por $97,057,451.52 pesos, de los cuales $46,024,300.6 millones de pesos corresponden a la partida de servicios personales, es decir cerca del 47% del total del presupuesto es destinado a sueldos, finiquitos, liquidaciones, aguinaldos y mas prestaciones de servicios personales.
Por lo tanto el municipio debe responder bajo la premisa de “debo no niego, pago no tengo”, replantear su presupuesto estructuralmente y proponer un esquema de pagos durante los 3 años que restan de la presente administración, cubriendo el monto de alrededor de 7 millones de pesos por año.
Comenzando desde este año, abocandose a la ley de disciplina financiera que cito en su artículo 13 fracción V: “La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos, no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente”.
Lo preocupante es que esta situación no es exclusiva del municipio, sino un problema generalizado en el estado, derivado de desinteres, corrupción, incapacidad y malas prácticas administrativas de anteriores y presentes gobiernos municipales, los síndicos y presidentes municipales, jurídicos y tesoreros, permitieron que los juicios laborales se alargaran, heredando deudas que ahora afectan directamente las finanzas.
