Aumentan denuncias por anomalías en cárcel de Tulancingo
Quien pagará la exhibida al procurador en su comparecencia
ABUSO PENITENCIARIO. Cada vez son más las denuncias públicas por presuntas anomalías dentro del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tulancingo, que van desde extorsiones hasta cobros por tener teléfono celular o vender productos, entre otros ejemplos, que realizan internos supuestamente cercanos a la directora del penal a otros reos. Quien no cumplen con las cuotas requeridas, es sometido a severos castigos tanto corporales como psicológicos. Incluso se habla de que venden la gasolina que el gobierno estatal les proporciona, por lo que el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, no debería echar en saco roto tales quejas e iniciar las investigaciones correspondientes, pero a conciencia y minuciosa.
¿PERMISIVIDAD? No ven o se hacen los directores de Reglamentos y Sanidad, entre otras dependencias del gobierno de Tulancingo, que deberían atender la creciente presencia de sexoservidoras a las afueras de un hotel, que está al margen de la carretera federal México-Tuxpan, donde además de dar mal aspecto, son recurrentes las riñas entre ellas. Incluso hay automovilistas que aseguran que algunas se hacen acompañar de menores de cinco años de edad, que podrían ser sus hijos. ¿Será?
PLOMO POLÍTICO. La filosofía popular aduce que quienes nada deben, nada temen o de sinvergüenzas se pasan. Cualquiera que sea el caso durante el desfile alusivo al 215 aniversario de la Revolución Mexicana, que se llevó a cabo en la cabecera municipal, se les vio juntos, pero no revueltos, al presidente morenista de Cuautepec de Hinojosa, Jorge Hernández Araus, y al regidor del llamado “partido del tucan”, Benito Sánchez Pérez, pese a que el primero advirtió que demandará penalmente al segundo, por amenazas tras la publicación del vídeo, donde aparece el munícipe echando bala con dos diferentes armas de fuego, por cierto una de éstas de uso exclusivo del Ejército.
CENSURA VIOLETA. Las que andan enojadas y lo que sigue, son las activistas de la Colectiva Feminista “Mujeres del Tule”, quienes acusan al gobierno de Tulancingo, de pretender silenciarlas porque les incomoda que se hable de los supuestos atropellos, que muchos funcionarios cometen, validando un sistema que las violenta en lugar de protegerlas. Como ejemplo, ponen el reciente retiro de las lonas de protesta por el triple feminicidio, que durante varias semanas permanecieron en el kiosco del jardín La Floresta, mismas que a la fecha no les han sido devueltas, por lo que definen como insulto a la memoria de las víctimas que la administración municipal, pretenda alzar la bandera del #25N, ya que la verdadera conmemoración exige autoridades que garanticen la libertad de expresión y el cese inmediato del hostigamiento a mujeres activistas.
EXHIBE JUSTICIA. Sin duda alguien deberá responder y rodarán cabezas por la penosa exhibida de la que ayer lunes fue objeto el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Hernández Hasbun, durante su comparecencia ante diputados de la LXVI Legislatura local, la cual originó la abrupta irrupción de una mujer de nombre Dulce Victoria Olguín Sánchez, quien micrófono en mano, lo mínimo que le dijo al funcionario fue incompetente. Y es que, por un lado se entiende su frustración como víctima del delito, pero por otro lado, aun cuando se trata de la “Casa del Pueblo” existen protocolos que se tienen que seguir y personas encargadas de vigilar que estos se cumplan. Sospechoso toda esta escena. ¿O será montaje?