A siete años de la explosión en un ducto ubicado en los límites de los municipios de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, que dejó un saldo de 137 personas fallecidas, en esta región se reportaron durante el año pasado un total de 178 tomas clandestinas.
Durante 2025, Tlaxcoapan se ubicó en el lugar 22 del ranking de los 100 municipios con mayor número de tomas clandestinas, con un total de 98 tomas, mientras que Tlahuelilpan ocupó el sitio 33, con 80. A siete años de la tragedia, los afectados señalaron que no ha habido cumplimiento en los compromisos de seguridad y atención a la salud, prometidos por el Gobierno Federal.
El pasado fin de semana se conmemoró el séptimo aniversario de la explosión del ducto, en la que cientos de personas se encontraban recolectando gasolina al momento de que ocurrió el siniestro.
Durante una misa en memoria de las 137 víctimas, familiares de quienes perdieron la vida o resultaron lesionados, reiteraron que persisten las condiciones de riesgo en las comunidades por donde cruzan los ductos, ya que el robo de combustible continúa de manera impune.
Asimismo, denunciaron que a algunas personas que resultaron con quemaduras se les retiró el servicio médico, a pesar de que aún requieren cirugías y medicamentos. También acusaron que, en el caso de los menores que quedaron huérfanos, se suspendieron las becas que habían sido otorgadas tras la tragedia.
Los habitantes de esta zona del estado calificaron la situación como crítica, no solo para las víctimas directas de la explosión, sino también para la población en general, al advertir que un hecho similar podría repetirse en cualquier momento.
Por ello, hicieron un llamado al Gobierno Federal para que se retomen los apoyos y tratamientos médicos necesarios para las personas lesionadas.
Finalmente, exigieron que se combata de manera efectiva a los grupos dedicados al huachicoleo, a quienes responsabilizan de poner en riesgo constante a la población y de propiciar las condiciones para que ocurra una tragedia similar.

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