Una noticia que ha trascendido, fue la detención de un analista que fuera acusado por el delito de difamación, del cual ya ha ocupado líneas en nuestra columna, dado que nuestro Estado es uno de aquellos que decidió derogarlo del Código Penal.

Me parece importante resaltar el motivo por el cual fue derogado e implicói el establecer que el derecho de la libertad de expresión y que si bien el abuso del mismo pudiera dar como consecuencia una afectación al derecho de una tercera persona, ello no pudiera dar como resultado la existencia de un delito sino una reparación del daño meramente civil.

Lo anterior en virtud de que la existencia de un delito, implica que el hecho sea relevante para el Estado, es decir el Estado tenga la necesidad de castigar dicha conducta.

Del mismo modo, que el delito de difamación ha sido ocupado y hasta el momento, es ocupado para silenciar voces contrarias a aquellas del poder y no existe mayor injusticia, que un gobierno o un grupo de poder, que censura e impida el ejercicio de un derecho a una persona.

Maxime que en el caso en concreto, quien denunció fue quien fuera una funcionaria pública y ello es de gran relevancia, puesto que su vida pública se encuentra bajo el escrutinio público.

Si bien en gran medida no estoy de acuerdo con aquel analista en muchas de sus críticas, no puedo dejar de alzar la voz ante aquello que considero injusto y es el derecho que tiene cualquier persona, de señalar su opinión sin ser perseguido y mucho menos sin ser detenido, ya lo dijera Voltaire “…podré no estar de acuerdo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo…”.

Lo anterior en virtud de que, su derecho es la representación de todos puesto que ni él ni nadie, debe de ser reprimido y como sociedad, debemos de condenar cualquier violación a derechos.

juanfer_lm@jfg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: