Bajo el argumento de reducir los índices de inseguridad en Hidalgo, el Ayuntamiento de Tizayuca envió una iniciativa de ley con proyecto de Decreto para reformar la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
La propuesta avalada por la Asamblea Municipal de Tizayuca, misma que incluye las rúbricas de los síndicos hacendario y jurídico, busca que las 84 alcaldías implementar previo a su formulación, el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
Sin embargo, en este municipio, los índices han tenido un incremento notorio en los últimos dos años, muestra de ello, son las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como es el delito de extorsión, el cual se recrudeció hace un mes, con los transportistas del servicio público federal.
En este año se registran hasta el momento, mil 495 carpetas de investigación, las cuales tienen un seguimiento por parte de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, esto, por diversos hechos delictivos, y representa el 39.6 por ciento en comparación del mismo periodo de 2021.
El documento consta de ocho cuartillas, precisa la importancia de reformar el primer párrafo de la fracción I BIS del artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, partiendo que los ayuntamientos tienen el derecho de iniciar leyes y decretos como lo establece el artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El oficio señala que las modificaciones propuestas a la Ley Orgánica Municipal permitirían establecer las bases generales de la administración pública y funcionamiento de las Presidencias Municipales.
De acuerdo con dicha propuesta, se busca que los ediles cumplan con la obligatoriedad del Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, cuya finalidad es establecer las estrategias para la prevención del delito.
Esto, conforme a las necesidades que generen los índices delictivos y vigilar las áreas de alto riesgo, además de promover la coordinación y colaboración entre los órdenes de Gobierno federal, estatal y municipal, sectores públicos, sociales y privados.
De esta forma, generar un ambiente de seguridad, participación en acciones de prevención y el fomentar una cultura preventiva en este renglón, a fin de tener municipios seguros.
Aunque no se precisa si está medida tendría que ser adoptada de forma inmediata por los alcaldes a pesar de restarles poco más de un año de gestión, dicho programa tendría que aprobarse en un plazo no mayor a 120 días de haber tomado protesta, sin olvidar que debe rendirse un informe anual del cumplimiento del programa municipal de Prevención Social.

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