El titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Leo Román Osorno Ramírez, informó que han atendido 10 casos de empleados aproximadamente, que no han recibido el reparto de utilidades; cuyo pago tiene como fecha límite el 30 de mayo, en el caso de quienes trabajan para personas morales (empresas) y el 29 de junio, para los que prestan sus servicios a una persona física (patrón).
Los trabajadores, mismos que principalmente se desempeñan en comercios o tiendas departamentales, son asesorados para que, en forma conciliatoria y de común acuerdo con el patrón, reciban esta prestación.
De estos casos, siete han sido redireccionados a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ubicado en la ciudad de Pachuca.
El funcionario, no dudó que durante las próximas semanas se acumulen más casos de esta índole, aunque algunos empleados por temor a que sean despedidos, prefieren no ejercer esta acción.
Conceptualmente, el reparto de utilidades, es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado.

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