El pasado miércoles 24 de mayo, agentes de la División de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ejecutaron una orden de aprehensión contra Yolanda Tellería Beltrán, ex presidenta municipal de Pachuca.

Este hecho marca un precedente en la política local, debido a que ningún munícipe en la capital del estado había pasado por una situación similar. Y quizá, como suele ser en estas responsabilidades, otros también hubieran sido merecedores de tal suerte.

No obstante, en esta ocasión la militante del PAN tiene que lidiar con un proceso judicial por uso ilícito de atribuciones. Esto significa, que la edil realizó durante su administración, pagos sin la autorización del ayuntamiento.

Cabe señalar que el ayuntamiento de Pachuca inició una denuncia en 2021, luego de que Teresa Martínez Barrera, funcionaria de Recursos Humanos durante la administración de la panista, fue jubilada sin reunir los años necesarios y sin consultar al cabildo, pues sólo laboró durante el periodo de Tellería.

Hay que recordar que el pasado 16 de marzo de 2023, Yolanda Tellería libró el proceso judicial, bajo la causa penal 21/2023, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades. En esa ocasión, el juez de control determinó la no vinculación a proceso, debido a que el Ministerio Público no presentó datos de prueba suficientes para acreditar la presunta comisión del delito.

Sin embargo, al cabo de unas horas, la señalada quedó en libertad por pagar los daños. En una audiencia de cinco horas, la expresidenta buscó la suspensión condicional a proceso una vez que reparó el daño por una cantidad de 168 mil pesos.

Este amargo capítulo deja una fuerte señal. Por principio de cuentas, parece que se termina con la impunidad que reinó en el estado de Hidalgo durante muchos años. Por otra, hay un escrupuloso cuidado del dinero público que siempre deberá ser resguardado por los funcionarios públicos.

En este sentido, la imprudencia de la exfuncionaria tuvo consecuencias mayores, pero debería ser una advertencia para todos aquellos que consideran sencillo evadir los procesos administrativos para aprobar a una sola mano el destino de los recursos públicos.

Si este criterio se sostiene, deberíamos estar en la antesala de muchos más funcionarios que cometieron imprudencias de esta misma naturaleza. No hay que olvidar que un presidente también de Pachuca, firmó un contrato millonario para activar parquímetros en la capital del estado teniendo una situación muy desventajosa para las arcas públicas y muy generosa para la operadora privada.

En suma, ojalá que esta voluntad desbordada de la procuraduría alcance para llamar a cuentas a muchos quienes ya se les olvidó el mal manejo que dejaron en sus administraciones. Valdría la pena activar la memoria y tomar las precauciones necesarias.

También es recomendable tener una lectura más profunda de las cosas. Porque los integrantes del PAN realizaron un comunicado para pedir un proceso justo con su compañera, aludieron motivaciones políticas y pidieron poner freno a la persecución como ocurre en la CDMX. 

Estos comunicados no ayudan mucho porque es claro que se trata de asuntos distintos. Acá existe la claridad de que no se siguieron los procesos administrativos indicados. De tal suerte que las denominadas motivaciones políticas parecen descartarse.

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