El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el ministro Javier Laynez Potisek, otorgó una suspensión a la aplicación del segundo paquete de reformas que conforman el Plan B electoral.
Este hecho pone de manifiesto una embestida frontal entre los dos poderes de la unión. Porque es bien sabido que la iniciativa del presidente tiene una especial relevancia. Por lo que anular su aplicación confronta aun más a las instituciones citadas.
En este tenor, el propio presidente López Obrador cada vez es más incriminatorio en sus comentarios. Sostuvo, en días recientes que el motivo detrás de esta suspensión, tiene más motivaciones políticas y hasta mercantiles que de carácter jurídico.
Sobre el ministro, afirmó que extralimitó sus facultades y trajo a colocación algo que pretende descalificar a toda la institución, los salarios que tanto en la Suprema Corte como los órganos autónomos tienen, en donde, dijo, se viola la Constitución al ganar más que el presidente de la República.
En este sentido, argumentó que en la ley electoral que propuso, se establecieron topes para que no puedan ganar más que el Presidente; sin embargo, recordó que en muchos órganos autónomos promovieron amparos, para que en estas instituciones pudieran seguir ganando más.
Al final, lo que pudiera quedar en el escenario es la intensión de descalificar las funciones de la SCJN por la cantidad de sus percepciones. En dado caso, violentando la autonomía de dicha institución. No obstante, estos lineamientos tienen un efecto muy claro en la sociedad. Quienes al final del día se quedan con la percepción que existe una burocracia judicial dorada.
Cuestión que embona muy bien con el debate que se sostiene en el INE. Y que en cierto sentido, motiva la reforma electoral del presidente, al eliminar de tajo una buena cantidad de funcionarios electorales en todo el país.
Sin embargo, si alguien tiene medido el pulso de la sociedad, es el presidente. Por eso, anunció también que existe un denominado Plan C en materia electoral, que no es más que el pueblo no les otorgue ningún voto en las elecciones.
Por lo mientras, el pasado domingo 26 de marzo la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó que presentará una impugnación y solicitará se revoque la suspensión otorgada por el ministro Laynez Potisek, y apuntó una serie de inconsistencias en la medida cautelar, como es que esta se anunció sin que las autoridades tuvieran conocimiento de ello.
A ello, sumó el que se suspendió todo el paquete de reformas del Plan B electoral, pese a que el INE únicamente impugnó algunas de las normas, aunado a que la Constitución sólo faculta a la Suprema Corte para conocer de controversias en las que se cuestiona la regularidad constitucional de normas generales, actos u omisiones, pero no cuando se trata de una ley electoral.
En ese sentido, la Consejería Jurídica lanzó un llamado para que los ministros y ministras de la Corte actúen dentro de sus atribuciones y sin pasar por encima de la las leyes y la Constitución. Cuestión que llama la atención en un entendido de división de poderes.
Hay que analizar con detalle el próximo movimiento de la SCJN quienes, al parecer, se llevan la peor parte por “intentar jugar el juego” de los opositores del presidente. Lo anterior, según la lectura del titular del ejecutivo.