Golpe en la mesa

A casi tres meses de iniciar una nueva administración en el gobierno del estado de Hidalgo, se dio un duro golpe a las malas prácticas en los ayuntamientos. Según la Procuraduría local, existe un entramado desde las presidencias municipales para desviar recursos públicos.

El modus operandi de los ahora implicados en la denominada estafa siniestra, parece sencillo. Se gestionaba recurso extraordinario a las autoridades estatales para alguna obra pública; una vez que se obtenía, los proyectos pasaban directos por la oficina del presidente.

Es decir, omitían pasar por la autorización del cabildo (se hacían adjudicaciones directas) y tampoco se concursaban las obras. Por el contrario, se hacía solo con la firma del titular del ayuntamiento hacia empresas fachada.

Lo anterior resultó de una revisión de los desarrolladores, quienes en la mayoría de los casos carecían de domicilios fiscales o bien, sus oficinas eran casas particulares reforzando la hipótesis de una falta administrativa.

Ante estos hechos, cuatro presidentes municipales fueron detenidos por el delito de peculado. Es decir, desvío de recursos públicos que en la legislación actual es sancionado con penas de hasta 15 años de prisión.

Pero lo más importante es saber si este fácil proceder se ocupó en más municipios, si contó con la complicidad de autoridades estatales y también el nombre de las empresas que pueden estar implicadas en otros casos similares.

Todo ese bagaje de información, será clave para determinar hasta donde llegó el desvío de recursos en la pasada administración. Porque también hay que decir que esta situación, marca un precedente en la entidad.

Hasta el momento era recurrente que terminando las administraciones municipales el gobierno estatal, utilizara criterios políticos para realizar auditorías. De esa manera, tenía un férreo control con los opositores.

Ahora, en cambio, se realiza este ejercicio a la mitad del periodo de la administración municipal. Por tanto, se manda un fuerte mensaje para que los integrantes del ayuntamiento tengan un comportamiento apegado a la legalidad.

Es decir, se trata de un golpe en la mesa para que los 84 presidentes no comentan excesos y sean muy cuidadosos en el manejo de los recursos públicos.

Lo que sigue es analizar a detalle hasta dónde se pueden adjudicar estos actos a las autoridades locales. Es probablemente que estos hechos sean un pequeño de botón de muestra de lo que se puede encontrar en otras áreas del gobierno léase órganos desconcentrados, universidades u órganos autónomos que reciben financiamiento del estado.

Este camino (fiscalizar a los municipios y dependencias) no debe tener reversa. Hay que mantener la mira en todos los órganos de la administración pública. Ojalá ese combate a la corrupción nos conduzca a otro renglón. El de profesionalizar a la administración pública con altos perfiles que sepan perfectamente las implicaciones legales que tienen los funcionarios que actúan mal. Que ya no existan pretextos de sencilla manufactura donde se justifica el hecho diciendo que no sabían, que fueron engañados, que solo firmaron un documento sin pensar en las consecuencias.    

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