Piden investigar a Sonia Ocampo y familia por préstamos y “tajada”

Trabajadores de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) pidieron que se investiguen las cuentas de la líder de la Sección XX del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Sonia Ocampo Chapa, y de sus familiares, derivado de que por convenio, el ente recibe un porcentaje de los descuentos por préstamos con financieras, a las que acusan de prácticas fraudulentas.
En conferencia de prensa, Gabriela Carrasco y Julio Gutiérrez, empleados adscritos al Hospital General; Jaime Gutiérrez, de Jurisdicción Uno, y Lidia Herrera, del Hospital Psiquiátrico de Villa Ocaranza, expresaron que a través de los acuerdos firmados en enero de 2022 con exfuncionarios de la SSH, el organismo sindical recibía 1 por ciento mensual por las retribuciones, mismo porcentaje que el sector salud.
“Estos convenios eran guardados bajo llave, está el número de cuenta, donde le tiene que depositar a la señora Sonia Ocampo, cada quincena su porcentaje de todas las ventas de créditos de estas cajas; asimismo, a estos exfuncionarios se les depositaba el 1 por ciento”, aseveró Lidia Herrera.
Los acuerdos fueron firmados por Alejandro Benítez, titular de la SSH, quien presuntamente en su declaración ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), mencionó que estos descuentos fueron permitidos por la líder sindical; Ignacio Valdez, titular Finanzas y Planeación; César Gutiérrez, titular de la Administración de Patrimonio Social; así como por Julio Alberto Vázquez, jefe de Recursos Humanos, Ocampo, y la empresa de Alejandro Gestón Pedro, de quien -dijeron- se investigará si no es un prestanombres.
“Ella (Sonia Ocampo) no ha dado cuentas, ni rendido cuentas de nuestras cuotas sindicales; también damos una cuarta por concepto de auxilio por defunción, y nunca hemos recibido un estado de cuenta. Son millones de pesos que entran a sus arcas”, aseguró Julio Gutiérrez.
Los trabajadores recordaron que existe una carpeta de investigación, 13-2022-0384, por abuso de poder y lo que resulte, en la que ya están adscritos como denunciantes mil 636 empleados, y se han interpuesto 120 amparos para que se deje les descontar de la nómina de los trabajadores los préstamos que presuntamente ilegales

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