Pachuca.- Concesionarios y trabajadores de los 49 centros de verificación a los que les fueron revocados por la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses, realizaron una manifestación durante la toma de protesta del gobernador Julio Menchaca Salazar.
Con grandes pancartas externaron tener confianza en que el nuevo mandatario estatal morenista, les apoye a reabrir los centros de trabajo, señalando que 400 familias se quedaron sin empleos por esta decisión administrativa.
“Alto al saqueo en Hidalgo”, escribieron en una de las pancartas.
El 18 de julio pasado estas mismas personas se manifestaron en las inmediaciones del Palacio Nacional, durante el desarrollo de la conferencia de prensa mañana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los manifestantes le solicitaron al mandatario federal escucharlos, para expresarles su inconformidad por el “despojo” de sus concesiones en mayo pasado. Por lo cual, dijeron, fueron afectadas 400 familias.
De acuerdo con un oficio que entregaron en el Palacio de Gobierno, acusaron que en febrero pasado, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) realizó una inspección a los verificentros y que de manera injustificada le recomendó a la Secretaría de Medio Ambiente estatal (Semarnath) revocarles los permisos, por lo que se les inició un procedimiento administrativo.
Asimismo, señalaron que “de manera alevosa y ventajosa”, el 23 de mayo pasado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) la convocatoria para la apertura de 15 nuevas unidades de verificación con diferente número de líneas, dependiendo el municipio, con un plazo, aseguraron, de 18 horas para cumplir con 15 requisitos, uno de ellos que no tuvieran un procedimiento administrativo en su contra para poder participar.
En dicho concurso, aseguraron, solo tres empresas cumplieron con los requerimientos. Estas son Argab y Asociados SG, cuyo socio fundador, según los denunciantes, es Arturo Gabriel Ortega Hernández, actual director de SEMOVI; Spin Real Time SA de CV, cuyo apoderado legal es Dyna Cárdenas Juan, propietaria de una unidad de verificación en Morelos; y Bienes y Servicios de la Ciudad SA de CV, cuyo representante legal es José Alberto Madrid Baños, también propietario de una unidad de verificación en Morelos. Por lo que consideraron que el proceso fue “totalmente amañado”

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