Hace unos días los pachuqueños celebramos el último aliento de vida de los tristemente célebres parquímetros. Hay que recordar que hace unos años, una administración municipal decidió concesionar este servicio a una empresa privada que se benefició con un contrato leonino en detrimento de los habitantes de la capital del estado de Hidalgo.
Es una realidad que los ayuntamientos requieren de más recursos para solventar sus propios compromisos. No es raro que muchos de ellos, incluso, tengan problemas financieros hasta para pagar su nómina.
En ese escenario juegan un papel las deudas que se heredan, la engrosada carga de gasto corriente, el aumento de la población que reclama servicios de calidad en cuanto a la recolección de basura, alumbrado público, pavimentación, agua, espacios públicos y una larga lista de apoyos.
De tal suerte, que los ayuntamientos están al tope de obligaciones y carecen de liquidez que les haga frente a esos compromisos.
Ajenos a esta lógica, estarán algunos municipios del país donde la actividad industrial y/o empresarial es muy significativa, estoy pensando en Monterrey, Guadalajara, Benito Juárez (Cancún), entre otros.
Pero en términos generales, la mayoría de las administraciones municipales padecen de un déficit presupuestal. Bajo este postulado han buscado los mecanismos para hacerle frente a esta difícil situación y en este marco, lo que hizo el ayuntamiento de Pachuca fue instalar parquímetros para obtener recursos y destinarlos en equipamiento urbano.
Hasta ahí, la iniciativa suena bien, pero lo desafortunado estaba en las condiciones del contrato donde por cada peso que se recaudaba, noventa centavos se iba a la empresa privada y solo diez centavos a las arcas del municipio.
No solo eso, en el fondo lo que estaba en entredicho es que las calles del centro de la ciudad se convirtieron en patrimonio exclusivo de la empresa. Donde con criterio inquisidor se sancionaba a las personas que no cumplían con las condiciones establecidas en dicho contrato ventajoso.
Esa historia acaba de llegar a su fin. Hace algún tiempo, la actual administración municipal, pudo destrabar el contrato y dejó sin efecto las condiciones descritas. Pero dejo entrever la posibilidad de seguir con ese proyecto, administrado ahora por el propio municipio.
Tomó algo de fuerza ese rumor hasta que hace unos días el propio presidente municipal, declaró que estaba descartado seguir con el cobro por estacionarse en las calles. De tal suerte, que el ayuntamiento tendrá que pensar en otras estrategias para hacerse de recursos.
Esta historia que duro años y que tuvo muchos sin sabores, llega por fin a su último ciclo de permanencia; y hay que decirlo, quizá su implementación no sea del todo mala, pero su ejecución tuvo el sello de la ambición.
Que bien que ahora los gobiernos sean más empáticos con las denuncias ciudadanas que, al final del día, son los que deberían decidir la implementación de políticas públicas que impactan en su vida cotidiana.