PGJEH reporta 6 feminicidios en el primer semestre de 2022

Durante el primer semestre del año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) reportó que se cometieron al menos seis feminicidios en la entidad; es decir, uno por mes en promedio, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Según las cifras federales, un caso ocurrió en enero, dos en febrero, uno en abril y dos en junio. Asimismo, las muertes violentas de mujeres ocurrieron dos en Tizayuca y los otros en Pachuca, Tulancingo de Bravo, Ixmiquilpan, Atotonilco de Tula y Yahualica.
En comparación con el mismo periodo del año pasado se ha registrado una disminución de los feminicidios ocurridos en la entidad, debido a que de enero a junio de 2021 la PGJEH inició 11 carpetas de investigación por este delito.
A nivel nacional también hay una tendencia a la baja de la incidencia de este ilícito al pasar de 520 durante el primer semestre de 2021 a 479 durante el mismo periodo de este año; es decir, un decremento del 7.88 por ciento.
En marzo pasado, diputados locales presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal de Hidalgo y con ello ampliar las causales y penas por el delito de feminicidio en la entidad.
De acuerdo con la propuesta, se plantea reformar diversas fracciones de la normatividad local para que se considere como una muerte violenta por razones de género cuando existan antecedentes que establezcan que el sujeto que cometió el crimen ejerció sobre la víctima antes de privarla de la vida, acoso, violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, laboral o de cualquier tipo, en cualquier ámbito, entre otras.
También se propuso agravar las penas, que actualmente van de 25 a 50 años de prisión, hasta en un tercio cuando la víctima fuera menor de edad o adulta mayor, de pueblos originarios, estuviere embarazada, sufriere discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, o se encuentre en cualquier otra condición especial; así como cuando lo mismo ocurra en los casos que la víctima sea privada de la vida al utilizar un vehículo de servicio público o privado

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