Apela PGJH absolución de Fernando en asesinato de Gerardo Sosa Cravioto

El procurador Alejandro Habib Nicolás, informó que la institución que apeló la sentencia que absolvió a Fernando Ríos Maqueda del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del exrector Gerardo Sosa Castelán, ocurrido el 23 de febrero de 2019 en las inmediaciones del rancho San José, en Acaxochitlán.
Señaló que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), da seguimiento a diferentes líneas de investigación por el homicidio.
Habib Nicolás omitió una opinión sobre si considera que hubo una mala actuación de la PGJH, pues las pruebas presentadas por el ministerio público no desvirtuaron la presunción de inocencia de Fernando: los peritajes y testimonios de la representación social, así como un retrato hablado, un cateo y el dictamen de balística no constituyen elementos válidos, como determinó el Tribunal de Enjuiciamiento el 7 de abril pasado.
“Para evitar que de mi parte ponga yo calificativas al respecto de la integración de esta carpeta en su momento y la judicialización de la misma, sería importante esperar los resultados de la apelación que nosotros promovimos, porque una cuestión es la opinión del Tribunal de Enjuiciamiento y otra cuestión será la resolución de la apelación”, indicó.
Según el procurador, cuando por un error o actuación deficiente de la representación social se absuelve a una persona, los servidores públicos enfrentan responsabilidad administrativa “o de otra índole que genere su actuar”.
“Llegado el momento, una vez que sea resuelta (la apelación), se tomarán o se promoverán las acciones legales correspondientes (contra funcionarios) si es que el caso lo amerita”, aseveró.
Al ex ombudsman también se le cuestionó si considera que la actuación de la PGJH las pruebas eran suficientes para condenar a quien la institución dijo que era culpable, a lo que respondió que él hubiera conducido el caso de forma diferente.
“Cada quien tenemos una forma de trabajar los asuntos, la forma de trabajar los asuntos es muy personal de cada ministerio público, lo que sí me queda claro es que si yo hubiera tenido en mis manos la investigación, la hubiera conducido de una manera diferente”, dijo.
Fernando fue detenido el 23 de febrero de 2020, un año después del asesinato de quien fuera su amigo y jefe en el rancho familiar de los Sosa Castelán. La PGJH le imputó el delito durante el mandato de Raúl Arroyo González, a quien el absuelto acusó de fabricarle culpabilidad