Hace unos días me enteré tristemente que el acceso a los juzgados familiares en la ciudad de Pachuca se encuentra restringido bajo el pretexto de la pandemia, por lo que las personas que pretenden ingresar se encuentran a fuera, lo mismo que ocurre en los juzgados Penales de casi todo el Estado.
Con esta actitud del Estado como se pretende que la justicia pueda ser accesible a todo público, cuando ni siquiera se permite el ingreso a las personas.
El pensar que un edificio público se encuentra cerrado y su entrada condicionada para que menores de edad no puedan ingresar es impensable cuando la idea fundamental es que los menores puedan sentirse cómodos en un ambiente propicio que les otorgue confianza.
Sin embargo, ¿qué confianza le puede otorgar no solo a un menor sino a cualquier persona que el primer contacto con la justicia es un policía o una persona ajena a las labores jurisdiccionales que les cierra una puerta o una cadena? Me parece que la respuesta es obvia, no existe ninguna confianza.
Pensemos en aquella persona que conoce por primera vez el sistema de justicia mexicano y que el primer comportamiento es solicitarle que no ingrese que espere bajo el sol, el frío o la lluvia o que mejor se vaya porque no hay tiempo ni espacio para atenderlo.
En pocas palabras le estamos diciendo que su asunto no le interesa al Estado en realidad que su asunto no le interesa a un juez o jueza que no se preocupa por tener a una persona bajo las inclemencias del clima.
Le estamos diciendo que lo mejor será que no busque justicia en nuestros tribunales porque ni siquiera puede acceder al edificio, ¿cómo accederá a una sentencia justa?
Lo más triste es que esto ocurra en los dos edificios que más deben de proteger derechos tanto en los juzgados familiares como en los juzgados penales, se debe de permitir el acceso a la justicia desde el ingreso al edificio.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
juanfer_lm@hotmail.com