Advierte Nuvia Mayorga de recursos leguleyos para remover a consejeros

La senadora del PRI, Nuvia Mayorga, propuso a la Comisión Permanente hacer un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ejecuten las diligencias legales y necesarias frente al proceso por el cual el Instituto Nacional Electoral, podría llevar a cabo una consulta sobre la revocación de mandato.
Con ello, se buscaría que no se permitan diligencias inconstitucionales motivadas por el interés político de los partidos, vulnerando la autonomía y facultad de las instituciones.
Recordó que en medio del ataque y descalificación que Morena y sus aliados del PT y del Verde Ecologista mantienen en contra del Instituto Nacional Electoral, en un afán por desacreditarlo, en septiembre pasado aprobaron la Ley de Juicio Político y Declaraciones de Procedencia (LJPDP) con 266 votos a favor y 205 en contra,
Indicó que esta nueva legislación permite regular los procedimientos para sancionar a servidores públicos que violen la ley, abusen de su cargo o hagan uso indebido de recursos públicos.
Mayorga Delgado comentó que con esta ley, la Cámara de Diputados adquiere la facultad de iniciar un juicio político contra alguien si se presenta como asunto en el pleno y cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta.
En este sentido, la legisladora hidalguense recordó que en diciembre pasado, Morena dio a conocer que pretende iniciar un juicio político en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato por no contar con el suficiente presupuesto para llevarla a cabo, luego de que la mayoría morenista en San Lázaro aplicaron un recorte presupuestal al INE.
Ante ello, señaló que el órgano electoral se verá obligado a llevar a cabo la consulta sin los medios económicos suficientes.
Sin embargo, dijo que es evidente que Morena despliega una estrategia para convencer a la opinión pública, de que su partido es víctima del INE y buscaría remover a los consejeros mediante la figura legal del juicio político y comenzar un nuevo proceso de elección, en el que pueden integrar perfiles más obedientes a los objetivos de ese partido y del gobierno.
“La estrategia es tramposa y hace una burla de las instituciones y las leyes mexicanas. Ningún partido político debería tener reparo en desacreditar al árbitro electoral nacional ni en buscar la remoción de sus consejeros por el simple hecho de no adecuarse a sus designios sobre la consulta de revocación de mandato, que tal como está planteada se asemeja más a una consulta de ratificación”.
Por ello, reiteró la urgencia de que no se permitan diligencias inconstitucionales motivadas por el interés político de los partidos, vulnerando la autonomía y facultad de las instituciones, como el INE