Proponen cárcel por omitir alerta de riesgo en casos de emergencias

Luego de la inundación que en septiembre pasado afectó la región de Tula, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Rodrigo Castillo Martínez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para que la omisión de funcionarios de emitir alerta o alarma en caso de emergencias se contemple como delito.
La propuesta establece penas de 5 a 10 años de prisión al servidor público, que en razón de su empleo, cargo o comisión establecido o reconocido por la Ley de Protección Civil o por Reglamento de la Ley de Protección Civil, no emita de forma expedita y por los medios a su alcance la prealerta, alerta o alarma una vez enterado o informado de la existencia de un riesgo, alto riesgo, estado de emergencia o desastre inminente para la población.
Adicionalmente a la privación de su libertad, se aplicará una multa de mil a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigentes y se le inhabilitará para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión hasta por 12 años. En caso de que por dicha omisión resultaran personas lastimadas de forma grave o hubiera pérdida de vida, la pena se aumentara hasta en dos tercios, dice el documento.
En su propuesta, el exalcalde de Tepetitlán planteó que se agregue al Código Penal el título vigésimo segundo De los delitos cometidos en materia de protección civil y sus numerales serían 365-BIS y 365-TER del título vigésimo segundo.
De igual forma, a la persona que en razón de su actividad o profesión establecida por la Ley de Protección Civil o su respectivo Reglamento de la Ley de Protección Civil, teniendo la obligación de hacerlo, omita informar a las autoridades en la materia “de forma expedita y por los medios a su alcance la existencia de un riesgo, alto riesgo, estado de emergencia o desastre inminente para la población”, se le impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 800 a mil 600 veces el valor vigente de la UMA.
En su justificación, el panista recordó lo acontecido el 7 de septiembre en el Hospital IMSS de Tula: “Casi una veintena de personas murieron a causa no solamente de las inundaciones ocasionadas por una combinación de causas naturales, sino también por indebidas omisiones humanas”

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