Fiscalía vs Delitos de Tortura está creada: Simón Vargas

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, aseveró que la Fiscalía contra Tortura de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) ya “está funcionando”.
Ello, luego de que el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) solicitó un amparo contra la omisión del gobernador de presentar una iniciativa y crear la Fiscalía en Delitos de Tortura y Delitos Vinculado en Hidalgo.
“Está creada (la fiscalía), pero esta información se las va a dar el procurador (Alejandro Habib Nicolás)”, mencionó tras presenciar la instalación de la Comisión de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal del Congreso local.
Según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP, Salvador Leyva Morelos Zaragoza, pidió la protección de justicia federal el 18 de octubre, a nombre de Osvaldo Santamaría Márquez, quien se dice el agraviado por los actos reclamados. La solicitud se encuentra en el Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo, en el expediente 1326/2021.
Por ahora, en la entidad solo opera una Unidad para la Atención de Delitos de Tortura, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
Según el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, que se publicó el pasado 15 de octubre de 2021, la procuraduría debe contar con una unidad administrativa llamada Fiscalía contra Delitos de Tortura, dependiente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
El artículo sexto transitorio de esa norma señala que la PGJH tiene 30 días tras la entrada en vigor de la publicación para realizar los ajustes y acciones para emplear las denominaciones previstas en el artículo 6 y cumplir con la estructura organizacional.
Aunque ese ente se encuentra establecido en el nuevo reglamento, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada el 26 de junio de 2017, señala que los estados tenían un plazo 90 días para crear y operar sus fiscalías especiales en la materia

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