Política criminal

Los cambios en la Procuraduría o en la futura Fiscalía estatal o incluso federal, no debe ser únicamente el cambio de personal líder de la misma, sino que debe de ir acompañado del plan de trabajo del mismo, el cual sin lugar a dudas debe de contener la política criminal a seguir durante su estadía en el cargo.

En tal sentido, la política criminal es el plan a seguir por parte de las autoridades correspondientes para la persecución de los delincuentes, delimitando el grado de importancia y estableciendo la jerárquica sobre los delitos que serán considerados prioridad.

Por tanto, es que es necesario no solamente la existencia de una política criminal real y determinada, sino la transparencia de la misma, con la finalidad de poder disponer de los recursos necesarios para lograr dichos fines.

Igualmente es necesario que la ciudadanía tenga conocimiento de aquello que pretenden realizar sus autoridades en el cargo que se les ha envestido con la finalidad de poder no solamente expresarse al respecto sino de ser partícipes de la vida pública de nuestro propio Estado.

Finalmente, la existencia de una política criminal pública, transparente y adecuada permite evitar la corrupción puesto que, será púbica la intención del Estado en cuanto a la visión social en su actuar.

Sin embargo, en gran medida se intenta ocultar la política criminal al sostener que se pretende acabar con todo índice delictivo aún y con el aquel que no es verdaderamente relevante para la vida de nuestro Estado o aquel que no tiene la calidad de prioritario.

No obstante, las instituciones al tener la vieja costumbre de asumir por prioritario la totalidad de sus facultades tienden a olvidar que esa es la manera de eliminar las prioridades y crear un anegamiento de las instituciones puesto que, al no tener prioridades definidas un organismo comienza a distraer sus instrumentos y capacidades en cuestiones que pudieran no ser necesarias.

Por tanto, es que es necesario transparentar no solamente el plan de trabajo sino la intencionalidad de las instituciones, con la finalidad de que sea conocido por las personas y puedan participar y ello permitirá transitar a un Estado Democrático de Derecho.

Lic. Juan Fernando González Espinosa

juanfer_lm@hotmail.com

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