Hidalgo se ubicó en el cuarto sitio en el nivel de impunidad con 98.7 por ciento, pues solo tiene el 1.3 de efectividad en relación con la resolución de asuntos judiciales, según el documento Hallazgos 2020, que realizó la organización México Evalúa.
La organización analizó la operación del Sistema de Justicia Penal (SJP) México en su Índice de Impunidad 2020, herramienta que permite identificar la capacidad para dar respuesta a los conflictos penales.
En el ámbito nacional la media es de 94.8 por ciento, por lo que la entidad se encuentra por encima en 3.9 puntos porcentuales.
La investigación detalla que las seis entidades con mayores niveles de impunidad son Guerrero, con 99.5 por ciento; Chihuahua, 99.1; Aguascalientes, 98.9; Hidalgo, 98.7; Puebla y Quintana Roo, ambas con 98.6 por ciento. En contraste, los estados con menores índices son Zacatecas, con 76.6 por ciento; Yucatán, con 85.3; Guanajuato, 85.4; Sonora, 85.9, y Tlaxcala, con 86 por ciento.
Según el documento, el sistema judicial de Hidalgo aumentó su inefectividad en 2020, año en que comenzó la pandemia del Covid-19, contra lo registrado en 2019, con 97 por ciento. En ese periodo la procuraduría estuvo a cargo de Raúl Arroyo González y el Poder Judicial tuvo como presidenta, hasta noviembre de 2020, a Blanca Sánchez Martínez; posteriormente, la relevó Yanet Herrera Meneses, familiar del mandatario Omar Fayad Meneses.
El índice permite identificar qué entidades tienen una menor congestión en la operación y si han empleado las diversas salidas, para dar una respuesta efectiva a los casos que se conocen.
Asimismo, el reporte presentado es estadístico con los flujos de “las entradas y salidas”, pero no hay un análisis cualitativo por delito, tipo, de caso, tipo de víctimas o de imputados, pues la información para lograrlo no está disponible.
México Evalúa también halló que la entidad tiene una cifra negra de 90.4 por ciento: de los delitos que se comenten en Hidalgo, solo se denuncia el 9.6, conclusión a la que llegó la organización tras un comparativo de cifras de la Encuesta Nacional de Víctimas (Envipe).
Asimismo, el estado tiene un alto grado de “congestión ministerial”, pues las carpetas tienen pendientes e investigaciones por resolver en el 78.1 por ciento de los casos

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