Piden iniciar procedimiento en contra de empresa del rastro municipal

Pachuca.- El regidor Ricardo Islas Salinas pidió que se inicie un proceso jurídico en contra de la empresa encargada de la administración del rastro municipal de Pachuca y se le desaloje del inmueble, debido a que el comodato concluyó el año pasado.
Durante la sesión de cabildo de ayer, el asambleísta de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que el convenio asignado a la empresa Cárnicos de la Zona Metropolitana, feneció el 4 de septiembre de 2020.
Por lo que hizo un llamado a su compañera de bancada la síndica Liliana Mera Curiel, a iniciar un procedimiento jurídico y notificar a la sociedad encargada del inmueble, la conclusión del comodato.
Asimismo, solicitó la intervención del coordinador de la comisión anticorrupción, Zenón Rosas Franco, vigilar que el recurso recaudado a partir de la fecha del término del convenio, sea devuelto a la presidencia municipal.
Mientras que al alcalde Sergio Baños Rubio lo exhortó a vigilar, cuidar y administrar el dinero recaudado por los servicios que ofrece el rastro municipal.
“Hasta hoy no se ha entregado la administración por parte de Cárnicos de la Zona Metropolitana, por lo que invito a las autoridades competentes a realizar el desalojo inmediato de la sociedad y la recaudación por parte del municipio, de todos los recursos obtenidos que no han llegado a la tesorería municipal y lo recaudado a partir del término del comodato”, sostuvo.
Por lo anterior, propuso crear la Dirección del rastro municipal para tener un mayor control administrativo y sanitario del inmueble.
Por otra parte, la síndica Mera Curiel presentó una iniciativa para reformar el reglamento interior del ayuntamiento de Pachuca, con el objetivo de agilizar las funciones del órgano colegiado y establecer con mayor claridad las actividades y resoluciones que se realizan en las sesiones del Cabildo y comisiones.
También planteó la obligatoriedad de grabar y transmitir las sesiones de la asamblea y las comisiones, para generar un gobierno abierto. Asimismo, propuso establecer como tiempo límite 30 días para el análisis, discusión y emisión de los dictámenes resolutivos sobre los temas de interés público en dichos órganos colegiados

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