Las denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar aumentaron 69.35 por ciento en agosto en relación a las registradas en julio, de acuerdo a cifras presentadas en el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el documento, el mes anterior es el periodo en el que más carpetas de investigación se abrieron por este ilícito, con 105, mientras que en julio hubo 62; en junio, 76; mayo, 59; abril, 66; marzo,62; febrero, 17, y en enero,12. 

El incremento de esas querellas en agosto coincide con el periodo de regreso a clases para el ciclo 2021-2022.

El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se contempla en el numeral 230 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, y se configura en el momento en que una persona incumple con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos de su parte. 

La pena por falta de pensión alimenticia es de tres a cinco años de prisión y multa economía de 100 a 400 días el salario mínimo. Además, la pérdida de los derechos de familia en relación con la persona agraviada.

De acuerdo con el código, se tiene por consumado el delito aun cuando el acreedores esté al cuidado o reciban ayuda de un tercero o no se hubiese reclamado el pago de la pensión en la vía familiar, o en caso de que el imputado haya incumplido la resolución de un juez que condene la entrega de alimentos. 

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