Los 22 ex delegados de Tulancingo que habían ganado un juicio ante el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH), para que el municipio los reconociera como funcionarios y con ello, estar dentro de la nómina, se quedaron sin la posibilidad legal de recibir su remuneración económica, pese a que ya todo estaba listo para realizar el pago por parte del municipio.
El titular de la dirección Jurídica del Ayuntamiento, detalló que el conflicto con los ex delegados se generó con el cuarto juicio (JDC 311-2021), que se da en la coyuntura de cambio de gobierno entre el Concejo Municipal Interino y la presente administración, pues a dicho órgano colegiado le notifican la sentencia entre el 13 y 14 de diciembre, por lo que ya no dejan nada trabajado en la modificación del presupuesto.
“Nosotros no recibimos el juicio 311, el Concejo no nos lo entregó en el proceso de entrega recepción. Nosotros nos enteramos en las últimas dos semanas del mes de enero cuando se empiezan a presentar con nosotros los delegados y delegadas que ganaron ese juicio y pedían su pago”, explicó Camacho Ortiz.
Aseguró que platicaron con ellos y les dijeron que deberían traer toda su documentación para cumplir el pago. “Además, platicamos con el tesorero para que iniciara los trámites para hacer la modificación presupuestaria, y él comenzó hacer todos lo necesario para ver cómo acomodaba el presupuesto para pagarles a esas 22 personas.
Agregó que en el tiempo que se está haciendo el trámite para pagarles, el ayuntamiento hizo una reforma al Reglamento para la Elección de Órganos Auxiliares del Municipio de Tulancingo de Bravo, el 16 de febrero del 2021, para volver a dar la naturaleza ciudadana al cargo y se les cambia la designación de delegados a enlaces vecinales, partiendo del artículo 28 de la Ley Orgánica dónde habla de la participación ciudadana, quitándoles la figura de autoridades municipales para que no fueran enlaces, con la ciudadanía y que sea al revés, es decir, que sean enlaces de la población.
En esa reforma al Reglamento, continuó Camacho Ortiz, verificaron cuando se hizo el cambio de delegados en 2019 y encontraron que fue en febrero, entonces, en los transitorios pusieron que los delegados que estén en funciones terminarían su encargo en el mes de febrero del 2021.
Entonces, dijo el jurídico del municipio, ellos concluyeron su encargo el día 28 de febrero del 2021 y el municipio hizo la modificación presupuestal en marzo para poder pagar a los 22 delegados por lo menos un mes, para que no se fueran con las manos vacías y ese es el acuerdo verbal al que llegaron; el municipio buscaría la manera legal de darles una remuneración legal de por lo menos un mes, tratando de interpretar la sentencia y la ley de manera que les favoreciera a los delegados.
“El área de Finanzas ya había encontrado como generar los pagos y el día que los delegados vinieron a cobrar, el único requisito que se les pidió, es que fueran a la Contraloría a hacer su declaración patrimonial, porque eso es otra de las obligaciones que tenemos como funcionarios y algo pasó ahí, no sabemos qué, pero al parecer recibieron una llamada de alguien que los estaba asesorando y les recomendó que no recibieran el pago porque no era lo que les correspondía”, comentó el jurídico.
Agregó que los delegados ese día ya no quisieron cobrar y llevaron a un juicio al TEEH, para reclamar el pago de diciembre 2020, enero, febrero y marzo del presente año. “Yo les explique que no podía ser así, no les podíamos pagar esos meses porque la sentencia dice que es a partir de la modificación presupuestaria, platicamos y se los expresé, pero decidieron proceder ante el TEEH y este determinó que ya no tenían derecho de pago porque su periodo había terminado en febrero, porque es imposible material y jurídicamente realizarles un pago porque las modificaciones al presupuesto se realizaron en marzo y ellos terminaron su encargo en el mes de febrero”.
Incluso, acotó Camacho Ortiz, ellos alegaron que terminaban sus funciones de delegados hasta marzo, incluso impugnaron el Reglamento y solicitaron una prorroga en la ampliación de su mandato por otros dos años, pero el tribunal fue muy claro y les dijo que el Reglamento estaba apegado a derecho y no estaba violando ninguno de sus Derechos y confirmó que su periodo terminó en febrero.
“Ahora, el problema es que han venido a vernos para que se les pague, pero ya no podemos pagarle porque ya hay una sentencia que nos dice que ya no les podemos pagar. ¿Legalmente cómo generamos un pago cuando ya tenemos una sentencia que me ordena que no lo haga?, anteriormente buscamos las maneras legales de generarles una compensación, el mismo alcalde Jorge Márquez dio la indicación de que se garantizaran sus derechos y no se fueran con las manos vacías, pero alguien les asesoró y se fueron al TEEH y ahora estamos impedidos para darles una remuneración”, finalizó José Antonio Camacho Ortiz, titular de la Dirección Jurídica del ayuntamiento de Tulancingor
