Desechan impugnación del edil de San Salvador vs regidora

Por ser competencia de la Asamblea edilicia, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), desecharon el juicio de derechos políticos electorales promovido por el presidente de San Salvador, Armando Azpeitia Díaz, y ediles contra la regidora Brenda Deysi Aguilar Martínez, por omitir consultar a lo miembros del ayuntamiento para realizar un convenio de colaboración con Grupo Jurídico Consultor Nazar Cervantes Nery.
De acuerdo con la ponencia del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, la pretensión de los quejosos era que el TEEH dejara sin efecto el contrato, pues no se sometió a consideración del resto de los integrantes, y ordenar a la edil priista, que se abstenga de celebrar este tipo de acuerdos; sin embargo, el acto forma parte del derecho administrativo, por lo que únicamente el Cabildo pude revocarlo.
“Esto solo es facultad del Cabildo integrado, siendo que se trata de un acto viciado de origen y para ello, el ayuntamiento es el único órgano facultado para determinar colegiadamente sobre los efectos administrativos de los actos que van de ese derecho constitucional”, detalló el ponente del expediente TEEH-JDC-124-2021.
Asimismo, declararon infundados e inoperantes las exposiciones del recuso de apelación TEEH-RAP-MC-031-2021, en el que el representa de Movimiento Ciudadano (MC), contravino la respuesta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, respecto a la consulta relacionada con el financiamiento público del proceso electoral en el que se renovará gobernador (expediente MCHGO/AE/CG/IEEH/154-2021).
Una parte se declaró infundada respecto del argumento de MC, que acusó a los consejeros de fundamentar su repuesta conforme a los lineamientos de la Ley General de Partidos, cuando en realidad el IEEH solo cita el acuerdo IEEH/CG/352/2021 y el contenido del artículo 30 del Código Electoral.
En tanto, son inoperantes porque el representante partidista detalló que se les niega el derecho a recibir financiamiento público específico; sin embargo, el acuerdo que impugnan ya quedó firme; es decir, para controvertir tuvieron cuatro días después de su expedición.
Además, MC impugna una posible negativa de financiamiento público para actividades especificas en 2022, acto que es incierto y futuro

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